El cambio de género de una menor de edad enfrenta a una familia del Valle del Cauca con la prestigiosa Fundación Valle del Lili, considerada como la cuarta mejor clínica de América Latina. SEMANA revela el texto de la demanda que llegó este viernes a los juzgados civiles del circuito de Cali y que promete una larga batalla judicial en Colombia.
El abogado Pedro Daniel Contreras, vocero de la fundación Nueva Democracia y apoderado de la posible víctima, alegó ante la justicia que los especialistas del centro médico, supuestamente, habrían realizado un aparente diagnóstico erróneo y habrían iniciado un tratamiento irreversible sin cumplir con los posibles estándares internacionales.
Su argumento es que a una adolescente de 15 años, identificada en el expediente como Laura, se le habría administrado testosterona en una etapa presuntamente no recomendada y, posteriormente, bloqueadores de pubertad.
Contreras contó en la demanda que, aparentemente, los médicos le habrían recomendado de manera reiterada la realización de una masculinización torácica, como en efecto sucedió, “pese a la falta de estabilidad diagnóstica y la ausencia de un consentimiento informado”.
La acción fue radicada este 7 de noviembre e involucra a la Fundación Valle del Lili y a tres profesionales de la salud que atendieron a la paciente entre 2017 y 2020. Las supuestas víctimas, entre quienes se incluyen los padres de la mujer, reclaman una millonaria indemnización y acciones del Estado para que su supuesto viacrucis no se repita.
La historia comenzó en 2006 cuando Laura, con apenas cinco años, fue víctima de abuso sexual por parte de la empleada doméstica de su casa y la situación se extendió hasta 2008. Ella guardó silencio por casi diez años. Los efectos fueron notables: “Yo crecí con miedo a ser mujer. Después del abuso, me volví más cerrada. Cuando empecé a desarrollarme, empecé a esconderme en ropas oscuras con miedo a que volviera a pasar. Sin embargo, no tuve sentimientos de sentirme hombre”.
Sobre los 14 años, ella accedió a un video en YouTube que exponía las supuestas razones para identificar si era una persona transgénero: “Si te incomoda el periodo, si te gusta usar jeans más que faldas, si no usas maquillaje. Decían que todo eso eran motivos para hacerte un hombre trans”, le dijo Laura a SEMANA.
Esos elementos la llevaron a cortarse el cabello y a comportarse como un hombre bajo los estándares que le mostraron las redes sociales: “En mi miedo a ser mujer, que lo traía desde la infancia, y mi confusión de adolescente, todo esto tenía sentido. Empecé a pensar que era un niño”. Esa decisión se tradujo en problemas de irritabilidad, depresión y sentimientos suicidas.
Luego de contar en su casa que había sido víctima de abuso sexual, recibió la primera atención psicológica para tratar las consecuencias de los traumas ocasionados por estos episodios. La profesional tomó la decisión de remitirla a donde un psiquiatra, quien la recibió a comienzos de 2017 y cuya labor genera ruido en el expediente.
A juicio del abogado de Laura, este último médico “ignoró por completo el episodio de abuso, al punto que ni siquiera lo registró en su historia clínica. Encontró en ella un ‘cuadro depresivo’ y, a reglón seguido, afirmó que existía una ‘disforia expresa’ y les recomendó a sus padres que su tratamiento continuara en la Fundación Valle del Lili”.
El primer contacto con la clínica ocurrió en febrero de 2017, cuando un psiquiatra la atendió: “Procedió a diagnosticarla con disforia de género sin abordar los episodios de abuso sexual que había sufrido”, dijo el abogado. Es decir, habría identificado un sufrimiento por la incongruencia entre la identidad de género y el sexo con el que nació.
En este punto, la defensa también hizo reproches: “Únicamente trató las inquietudes de Laura con respeto a su identidad masculina, desatendiendo su prospección incierta, su depresión, sus episodios de agresividad, su inmadurez y la influencia de toda la información que ella obtenía de internet”.
El 12 de junio de ese mismo año, la paciente fue recibida por un endocrinólogo pediatra, quien habría radicado en la historia clínica que “asiste para apoyo hormonal” y le recetó testosterona. Para el abogado, apoyado en los conceptos de varios peritos internacionales, esa determinación habría sido “apresurada, ya que ese tratamiento no debe iniciar antes de los 16 años”.
Laura contó que, con esas dosis, no sintió mejoría y se ordenó suspender la hormonización por la falta de certeza en el diagnóstico, dado que su identidad de transgénero no estaba claramente definida, de acuerdo con su relato a SEMANA.
Por esa misma temporada, ella volvió a usar prendas femeninas y manifestó que podían llamarla como Laura o Nicolás, y le habría expresado a la psicóloga de la Fundación que “tenía ideas formadas sobre la maternidad, que quería interrumpir la menstruación y luego recuperarla para tener hijos y amamantarlos”.
Cuando se le frenó la aplicación de testosterona, el endocrinólogo le habría recetado bloqueadores de pubertad para cumplir con la expectativa de detener la menstruación. El abogado criticó que “decidió usar bloqueadores de pubertad después del uso de hormonas cruzadas, lo cual no responde a ningún protocolo reconocido por la comunidad médica”.
El tratamiento con las hormonas se retomó a comienzos de 2018 y se extendió hasta mayo de 2020. “Durante ese periodo, los médicos convencieron a Laura de realizarse una ‘masculinización del pecho’, cirugía plástica con efectos irreversibles”. La mamoplastia de reducción se la hizo en enero de 2020 y la última cita a la que acudió a la Fundación fue en julio de ese mismo año.
Esta es la teoría del abogado, que pretende que un juez falle a su favor: el endocrinólogo “se equivocó al iniciar la administración de hormonas cruzadas en junio de 2017 a una paciente de 15 años. Recetó testosterona contrariando las indicaciones médicas e, incluso, su propio criterio médico. Después, prescribió bloqueadores puberales, contrariando el uso recomendado por los estándares médicos para estas hormonas. Finalmente, aprobó la práctica de una cirugía con efecto irreversible. Todo ello, de manera negligente, imprudente y con falta de pericia, obviando las contraindicaciones, efectos secundarios y daños que se causarían sobre el cuerpo y la salud mental de Laura”.
Frente a este panorama, la Fundación Valle del Lili respondió a SEMANA: “No es posible dar información clínica de pacientes sin su consentimiento o autorización expresa. Sin embargo, aclara que, a la fecha, la institución no ha recibido ninguna reclamación o manifestación formal por parte del paciente o de las personas involucradas. En caso de que se reciba algún requerimiento formal, será atendido conforme a los procedimientos legales y éticos establecidos. Asimismo, informa que todas las intervenciones y procedimientos realizados en la institución se sustentan en la evidencia científica y cuentan con los respectivos consentimientos informados”.