Las autoridades identificaron la presencia de células clandestinas de tres grupos armados ilegales en diez universidades públicas de Colombia. SEMANA revela el contenido de un informe de inteligencia que alerta sobre los movimientos de los criminales en las aulas de clase y los planes que tendrían para desestabilizar algunas ciudades a través de las protestas sociales.
Se trata del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco y Calarcá. Las tres organizaciones lograron infiltrarse en las instituciones de educación superior a través de colectivos estudiantiles con afinidad ideológica a las guerrillas para promover sus objetivos terroristas, de acuerdo con el documento confidencial.
Los movimientos se han detectado en Bogotá (universidades Nacional, Distrital y Pedagógica), Medellín (Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid), Bucaramanga (Universidad Industrial de Santander), Cali (Universidad del Valle), Popayán (Universidad de Popayán) y Neiva (Universidad Surcolombiana).
No solo eso. En medio de la investigación, las autoridades descubrieron que los grupos delincuenciales han valorado el interés de aterrizar en centros académicos ubicados en las ciudades de Tunja, Armenia, Manizales, Ibagué, Fusagasugá y Villavicencio, buscando consolidar plataformas en entornos vulnerables y así sembrar terror en las calles.
Según el informe de inteligencia, son múltiples los caminos que han usado los ilegales para penetrar las universidades. El más común es el contacto con grupos estudiantiles cercanos a sus líneas ideológicas y usarlos, aparentemente, como instrumentos de radicalización para lograr hechos de terrorismo.
“Una de las estrategias que han desplegado los grupos armados ilegales se ha concentrado en instrumentalizar a jóvenes con pensamientos revolucionarios. También buscan conexiones con grupos dinamizadores de eventos violentos, con quienes establecen canales de coordinación, financiamiento e instrucción en tácticas para afectar a la Policía”, se describió en el archivo.
De igual manera, los grupos armados ilegales canalizan a sus militantes en organizaciones sociales que gozan de prestigio en los centros universitarios y acuden a estrategias mediáticas, principalmente en las redes sociales, orientadas a capitalizar manifestaciones juveniles para luego sumarlos al desarrollo de eventos con carácter ideológico.
Uno de los uniformados que participó en la investigación describió a SEMANA que el ELN y las disidencias de las Farc, tanto de Mordisco como de Calarcá, ya contemplan oficialmente en sus estructuras internas diversos esquemas de presencia en las universidades, identificándolas como “colectivos clandestinos e ideológicos, redes de apoyo y simpatizantes”.
La financiación
En el informe de inteligencia se reveló que los grupos clandestinos que operan en las instituciones de educación superior públicas, ligados a los grupos armados ilegales, tienen tres fuentes de financiación: el flujo directo de las organizaciones terroristas, el autosostenimiento y las actividades comunitarias.
En el primer caso, se identificó que los bloques del ELN y de las disidencias de las Farc envían dinero en efectivo para patrocinar en las universidades la fabricación de artefactos explosivos improvisados, la compra de elementos simbólicos y las operaciones logísticas.
En el segundo, algunos estudiantes acuden a la venta de estupefacientes, al hurto y a la extorsión dentro de las instituciones como método de financiación. Este es el más común en todos los grupos extremistas.
No solo se trataría de la comercialización de drogas ilícitas, también de un control del mercado: “En algunos casos, se ha identificado que los grupos que generan hechos de violencia al interior de las universidades vendrían implementando modelos de autosostenimiento como el control del microtráfico”, se reseñó.
Y el último, que sigue siendo materia de investigación, consiste en el probable uso de recursos públicos, a través de actividades comunitarias, para patrocinar a este tipo de organizaciones; en el documento se relató, por ejemplo, el caso de las huertas locales que, en algunas ciudades, son apalancadas por las alcaldías.
Las amenazas
La preocupación de las autoridades por la presencia de las células urbanas de las guerrillas en las universidades de Colombia no es menor. El hallazgo es alarmante: “La principal amenaza se concentra en los intereses de los grupos armados ilegales de generar procesos de clandestinización que les permitan dinamizar acciones vandálicas y escenarios de desestabilización urbana”.
Precisamente, uno de los riesgos identificados en las últimas semanas ha sido la capacidad que tienen estos grupos para preparar, adquirir y adecuar artefactos explosivos “para utilizarlos en eventos de vandalismo y terrorismo en contra de uniformados de la Policía Nacional y la infraestructura estratégica” del Estado.
Para lograr eso, los grupos terroristas invierten en la formación de los jóvenes, y muchos terminan reclutados en la selva. Así se describió en el documento confidencial al que tuvo acceso SEMANA: “Los movilizan hacia áreas campamentarias para que reciban formación en el uso de armas de fuego, preparación, adecuación de artefactos explosivos y conocimiento de la ideología de cada uno de los grupos armados ilegales. Algunos de estos adolescentes se quedan en las filas de las estructuras armadas que se encuentran en áreas rurales y otros retornan a los centros urbanos a ‘replicar lo aprendido’”.
En el escenario actual de Colombia, la inquietud de las autoridades es la posible incitación a protestas sociales –que generen un efecto como el ocurrido con el estallido de 2021– desde las universidades: “Sospechamos que puede ser el mismo esquema que se usó ese año, de usar el inconformismo de la gente para justificar el terrorismo. Ellos podrían echar mano de la campaña mundial antiimperialista, del rechazo a la intervención de Estados Unidos en diferentes países o, incluso, la supuesta violación de la autonomía universitaria. Son detonantes que generarían graves protestas”, detalló uno de los uniformados que puso la lupa sobre la injerencia de ilegales en las instituciones.
El ADN de los grupos
Las autoridades han tenido inconvenientes para adelantar las investigaciones sobre la presencia de los grupos armados ilegales en las universidades por los obstáculos que la autonomía de las instituciones ha fijado en el camino, según autoridades consultadas por SEMANA. Además de eso, este tipo de organizaciones han sabido camuflarse para evitar la persecución de la justicia.
Lo que se ha establecido es que sus integrantes, por lo general, se caracterizan por ser afines a las líneas ideológicas de los grupos terroristas, sean nacionales o internacionales, o de extintos cabecillas que estuvieron vinculados a escenarios “revolucionarios”.
Uno de los puntos más llamativos del informe de inteligencia es el perfil de buena parte de los militantes de estos grupos en las universidades: “En algunos casos, se identifica que algunos estudiantes dilatarían su tiempo de estudios o permanecen matriculados entre ocho y quince años en la institución. Cancelan materias sistemáticamente, reprueban o se trasladan de un programa a otro para evitar perder la condición de estudiantes”.
Sus líderes, por lo general, gozan de reconocimiento en grupos estudiantiles y pueden influir en las decisiones de la comunidad universitaria: “Actúan como reclutadores encargados de identificar y atraer a los estudiantes más jóvenes y receptivos a sus intereses. Mantienen un perfil inofensivo ante el cuerpo docente y administrativo mientras ejecutan actividades clandestinas fuera de las aulas”.
El protagonismo también lo tendrían algunos profesores de las universidades, con base en los hallazgos de los cuerpos de inteligencia de Colombia: “Se ha conocido que estos mismos grupos terroristas, como el ELN y las disidencias de las Farc, han intentado ‘manipular docentes’ para que desplieguen los planes criminales que tienen en los centros urbanos”.
Al parecer, estos grupos aumentaron su incidencia durante la implementación de la política de la paz total del Gobierno Petro. Diferentes investigadores confirmaron a SEMANA que los espacios de conversaciones públicas que tuvieron las guerrillas habrían sido utilizados en las ciudades capitales para multiplicar la ideología y su lucha armada: “Esa exposición pública de los grupos armados ilegales, como reuniones, convocatorias públicas y trabajo de masas, sirvió para promocionarse. El incremento que se tiene hoy de la presencia en universidades es producto de la paz total”, describió uno de los oficiales.
El plan del presidente
El presidente Abelardo De La Espriella está dispuesto a enfrentar el terrorismo que se esconde en las aulas de clases de algunas universidades de Colombia: “La autonomía universitaria está por encima del orden público. Lo que está ocurriendo en algunas universidades del país es inaceptable”.
Advirtiendo el mismo escenario que revela en detalle SEMANA, el jefe de Estado aseguró que la protesta pacífica será respetada por su Gobierno, pero agregó que el terrorismo urbano, el vandalismo, la destrucción de la infraestructura y los ataques contra la fuerza pública no serán tolerados. “Son conductas que el Estado tiene el deber de enfrentar de manera decidida”, dijo.
En ese orden de ideas, De La Espriella dio instrucciones para establecer un protocolo nacional de actuación, “que permita distinguir cuándo estamos frente al ejercicio legítimo de la protesta y cuándo existen hechos de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público que exigen, sin lugar a dudas, la intervención de las autoridades”.
Su objetivo es que la Policía Nacional se encargue de actuar, incluso cuando los hechos ocurren desde las instituciones de educación superior: “No voy a permitir que las universidades públicas sigan siendo santuarios de la violencia bajo ninguna circunstancia”. También les envió un mensaje a los promotores de estas acciones: “La autonomía universitaria no es una patente de impunidad, y voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar”.
Respaldo del Congreso
La iniciativa de Abelardo De La Espriella fue respaldada por diferentes colectividades en el Congreso de la República, y se sumará a varias propuestas legislativas que buscan ponerle límites a la protesta social en Colombia y darle herramientas a la fuerza pública para enfrentar a los ciudadanos que cometan actos irregulares en el marco de esos escenarios.
Simón Molina, representante a la Cámara del movimiento Creemos, radicó un proyecto de ley que establece un concepto que le daría vía libre a la intervención de las autoridades en esos centros académicos: “El orden público se constituye como límite al principio de autonomía de las universidades y demás instituciones de educación superior, garantía bajo la cual no se incluyen actos de violencia que, derivados de una reunión o manifestación, ocupen la infraestructura de las instituciones de educación superior, afectando los derechos de las personas pertenecientes a la entidad”.
A su vez, sugiere que el ingreso de los uniformados debe ser autorizado por los mandatarios locales: “Tras la verificación de hechos graves de violencia al interior de las instituciones de educación superior que deriven en orden de evacuación por parte de la misma, será potestad de los respectivos alcaldes municipales o distritales, donde se encuentren las instituciones, en ejercicio del deber constitucional de mantenimiento del orden público, autorizar el ingreso de los elementos de Policía para la dispersión y cesación de los actos de violencia identificados, sin perjuicio de las demás acciones que puedan ser adelantadas en caso de identificarse la comisión de delitos o actos sancionados por el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”.
El camino para que esta ley prospere no está fácil. El Pacto Histórico, la fuerza política más fuerte del Congreso, ya anticipó que se opondrá a cualquier iniciativa que busque modificar la autonomía de las universidades. De igual manera, algunos rectores sentaron su posición e indicaron que se requiere diseñar un protocolo específico para evitar la violación de los derechos humanos en medio de la eventual intervención de la fuerza pública en las instituciones.
Las alertas están encendidas en todo el país y el fantasma de un nuevo estallido social a través de grupos extremistas en las universidades, varios de ellos apalancados y financiados por los grupos armados ilegales, genera preocupación. El presidente Abelardo De La Espriella le pidió a la Policía Nacional alistarse ante cualquier hecho que afecte la tranquilidad del Estado; esa posición fue celebrada también por los alcaldes que padecen constantemente los efectos de las movilizaciones y alteraciones en las universidades.