Nicolás Petro quedó formalmente vinculado a otra investigación, ahora por hechos de corrupción cometidos mientras se desempeñó como diputado en la Asamblea Departamental del Atlántico. La Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento en su contra, tras advertir que el hijo del presidente tenía pensado salir del país.
La advertencia la hizo la fiscal del caso durante la audiencia en la que insistió en la necesidad de privar de la libertad a Nicolás Petro, por considerar que representa un peligro para la sociedad y un riesgo para el proceso que apenas arranca en la Fiscalía.
Las pruebas de esa advertencia que hace la Fiscalía estarían irónicamente en el celular de Laura Ojeda. El ente acusador encontró evidencia y conversaciones que anticipan que irse del país era una alternativa para el hijo del presidente, incluso antes de que se empezaran a revelar detalles del escándalo por dineros de origen desconocido en la campaña Pedro Presidente 2022.
“Es allí donde se encuentra plasmado ese análisis de la extracción del celular de la señora Laura Ojeda Estupiñán. Es una conversación del 5 de diciembre de 2022 donde dice: ‘El fiscal que quiere hacer la investigación es enemigo de ellos, dos opciones, negociar con ella o irnos del país, le dije que si cedo a que nos vayamos a mitad de año, desde ya empezaremos a hacer lo del pasaporte’, dice literalmente”, advirtió la Fiscalía.
La Fiscalía realizó la extracción al celular de Laura Ojeda y encontró las conversaciones que ahora se convirtieron en la evidencia de un supuesto plan de fuga, una posible salida del país de Nicolás Petro, alternativas que según el ente acusador fueron puestas en discusión.
El acusador presentó los elementos de prueba necesarios para soportar la medida de aseguramiento que insiste debe recaer en Nicolás Petro, como presunto responsable de los delitos que fueron imputados y que indican su participación en la contratación del departamento del Atlántico.
La investigación contra el hijo del presidente de la República advierte que, mientras se desempeñó como diputado del Atlántico, utilizó su influencia para lograr que la Gobernación de ese departamento entregara contratos a la Fundación Conciencia Social, de donde habrían salido millonarios recursos para su propio beneficio económico.
“Que analizó la extracción de la información del celular de la señora Laura Ojeda donde habla de la posibilidad de salir del país y le dice a su señora madre que le están diciendo será mejor irse del país y que estarían preparando los pasaportes con el fin de realizar esta situación”, señaló la fiscal del caso.
Los contratos que terminaron enredados y de donde, supuestamente, Nicolás Petro y Day Vásquez sacaron millonarios recursos estaban destinados a la atención de adultos mayores y niños en situación de discapacidad en el departamento de Atlántico, y fueron tramitados a través de la Fundación Conciencia Social y su director.