Este miércoles 15 de julio fracasó la conciliación en la demanda presentada contra el presidente Gustavo Petro, por las continuas afirmaciones hechas por el jefe de Estado ante un supuesto fraude electoral en medio de las elecciones para el Congreso y la Presidencia.
En el acta, firmada por el magistrado Luis Manuel Lasso, se declaró fallida la “audiencia especial de pacto de cumplimiento” en el desarrollo de la acción popular promovida por el abogado Ramiro Bejarano Guzmán.
Debido a esto, el proceso seguirá su trámite ordinario en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
La orden al presidente Petro
Tras una intensa audiencia celebrada en marzo pasado, antes de las elecciones legislativas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le había pedido al presidente Petro abstenerse de emitir mensajes con la narrativa de fraude electoral si no contaba con pruebas fehacientes sobre estos hechos.
En medio de la medida preventiva para proteger derechos colectivos de especial relevancia constitucional, entre los que se destacaban la moralidad administrativa, seguridad jurídica, transparencia del proceso electoral y confianza legítima en las instituciones democráticas, el magistrado ponente hizo un llamado urgente para evitar este tipo de mensajes sin sustento.
Por lo que se enfatizaba en que cualquier manifestación pública sobre eventuales irregularidades electorales tenía que contar con un respaldo claro y verificable. De no tener este sustento el jefe de Estado o cualquier integrante de la Rama Ejecutiva debía abstenerse de hacer cualquier manifesación.
Tras la notificación del fallo, el abogado del presidente Petro señaló que no se iban a eliminar las publicaciones hechas que alertaban sobre un fraude electoral.
“Mi representado, el señor presidente de la República, no va a retirar ninguna de las afirmaciones que ha hecho ni va a renunciar a su derecho a alertar a la ciudadanía y al pueblo colombiano frente a esto”, indicó el jurista.
El apoderado del jefe de Estado indicó que el jefe de Estado, “como representante de la unidad nacional”, y cumpliendo sus funciones, ha manifestado queexisten irregularidades en la adquisición del software por parte de la Registraduría para el escrutinio.
Para esto, citó que se debe cumplir el fallo de 2018 del Consejo de Estado que dio una serie de órdenes con el fin de que se adquiriera un software para evitar los hechos que motivaron el fallo que anuló varias elecciones y otorgó otras curules.
“Hay algo que nos llama la atención, y que el señor presidente sí le solicita en esta diligencia, y es que de fondo, se pide que en esta acción popular,se vele por esos intereses que el actor popular pide,y que se cumpla el fallo del Consejo de Estado que ordenó un software propio del Estado, no de Thomas and Greg, que no nos toque rogarle tres días para que nos deje mirar cómo se defiende la democracia”, precisó el jurista en esa oportunidad.