En una inédita decisión, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca citó para el próximo viernes 13 de marzo a una audiencia pública al presidente de la República, Gustavo Petro, por los señalamientos que se han hecho desde el Ejecutivo contra la organización electoral.
En el auto que convoca la audiencia, se solicita la presencia y participación de varios funcionarios y representantes de organismos para que presenten sus respectivos argumentos.
Entre estos, la directora del Dapre, el ministro del Interior, el registrador nacional del Estado Civil, el presidente del Consejo Nacional Electoral, el procurador general y la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE).
“El propósito de la audiencia será escuchar a los sujetos procesales y a los expertos convocados en relación con la solicitud de medida cautelar elevada por el señor agente del Ministerio Público y, en general, con las garantías del sistema electoral en el contexto que ofrece el reclamo de protección de derechos colectivos, formulado por el actor popular”, señala la citación.
Después de escuchar las intervenciones, el magistrado ponente Luis Manuel Lasso tomará una decisión de fondo frente a la solicitud de medidas cautelares de urgencia en la acción popular elevada contra la Presidencia de la República.
En la solicitud se indica la necesidad de tomar varias acciones dirigidas a proteger el proceso electoral, que se extenderá en el primer semestre de este año.
¿Cuáles son las peticiones?
En la solicitud que es evaluada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el delegado del Ministerio Público pide la protección de los derechos e intereses colectivos.
“Esta agencia del Ministerio Público, en defensa del interés general, del orden jurídico, del patrimonio público y de las garantías y derechos fundamentales y colectivos, solicita al H. Tribunal que mientras se surte el trámite del proceso y se adopta la decisión de fondo que corresponda, de manera preventiva se ordene como medida cautelar de urgencia”, indica la petición.
Para esto, pide que se “disponga la inmediata casación de las actividades que puedan amenazar, originar el daño que lo haya causado o lo sigan ocasionando al derecho colectivo al servicio público administrativo de la función electoral y a la que su prestación sea eficiente y oportuna”.
Para esto, se le pide al presidente de la República que “en sus alocuciones” y “discursos públicos o en sus redes sociales omita transmitir o retransmitir cualquier información, opinión o comentario que ponga en duda la transparencia del proceso electoral que se aproxima, especialmente lo relacionado con presuntos fraudes electorales, manipulación del software que se utilizan en el proceso electoral, posibles alteraciones en el kit electoral, irregularidades en el diligenciamiento o manipulación de los formularios y/o tarjetones y otras consideraciones sobre el proceso electoral”.
En la petición se señala que cualquier afirmación debe contar con una evidencia clara y citable. De lo contrario, se afecta considerablemente el proceso electoral. En la acción se citan varias declaraciones que ha rendido el jefe de Estado en el marco del proceso electoral.