La Procuraduría General de la Nación dio a conocer decisiones en el proceso disciplinario por la parranda vallenata del pasado mes de abril de 2026 en el establecimiento penitenciario La Paz, ubicado en Itagüí, Antioquia. El caso involucra la presunta convocatoria de los artistas Nelson Velásquez y Luis Alberto Posada por parte de personas privadas de la libertad en el recinto.
En el desarrollo de las actuaciones institucionales, dos integrantes del personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) admitieron faltas en sus labores de vigilancia e inventario. Los dragoneantes aceptaron su responsabilidad en los hechos investigados, relacionados con la vulneración de los controles de ingreso al penal.
Sobre este avance procesal, la Procuraduría confirmó que “los funcionarios del Inpec Nairo Vargas Rubio y Juan Camilo Góez David aceptaron su responsabilidad en la investigación disciplinaria por la fiesta realizada en la cárcel La Paz de Itagüí”.
Confesión de guardias y etapa de juzgamiento
De acuerdo con el informe del órgano de control, los dos servidores del Inpec incurrieron en fallas en los protocolos de registro el 8 de abril de 2026. Los funcionarios admitieron que no realizaron las anotaciones correspondientes en los libros de minuta del centro de reclusión durante la presentación musical.
Al acogerse al mecanismo de confesión, ambos dragoneantes buscan acceder a beneficios en la dosificación de la eventual medida disciplinaria. La figura jurídica permite la reducción de hasta un 50 por ciento en la sanción final que determine la entidad encargada de la vigilancia de los servidores públicos.
Tras la aceptación de los cargos, el expediente pasará formalmente a la fase de juzgamiento dentro de los términos establecidos. La Procuraduría fijó un plazo de 45 días para definir las sanciones, las cuales pueden ir desde la suspensión temporal hasta la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos.
Indagaciones para determinar responsabilidades adicionales
El ente de control administrativo mantendrá abiertas las carpetas de investigación para esclarecer la totalidad de las irregularidades cometidas durante la jornada. Las autoridades buscan determinar la identidad de otros funcionarios e internos involucrados en la logística del evento dentro de las instalaciones.