En medio de cuestionamientos a la política de paz total, surgió una nueva controversia en Colombia luego de que se revelara que, al interior de la cárcel de Itagüí, se habría realizado una ostentosa parranda vallenata presuntamente organizada y financiada por cabecillas de estructuras criminales recluidos en ese centro penitenciario.
La situación desató una ola de críticas, especialmente por los beneficios que, al parecer, estarían recibiendo algunos privados de la libertad mientras sostienen acercamientos con el Gobierno de Gustavo Petro en el marco de estos procesos.
Además, el caso tomó mayor relevancia tras conocerse, según reportes de medios nacionales, que los artistas Nelson Velásquez y Luis Alberto Posada habrían sido contratados por líderes del penal para amenizar la celebración.
A través de un comunicado compartido por su organización musical, Nelson Velásquez se pronunció oficialmente con respecto a la situación:
“Mi participación en la presentación de la semana pasada obedeció exclusivamente al cumplimiento de un compromiso artístico previamente adquirido y gestionado por mi equipo de trabajo. La información que me fue suministrada en su momento indicaba que se trataba de un evento de carácter cultural, autorizado y enmarcado dentro de las condiciones habituales para este tipo de presentaciones”.
Reveló que no tenía conocimiento de la situación y de las personas que estarían financiando la presentación. Simplemente, se limitó a cumplir con un compromiso laboral por el que fue contratado.
“Actué en todo momento de buena fe, confiando en la legalidad y legitimidad de las condiciones bajo las cuales se desarrollaría dicha actividad. No tuve conocimiento previo ni participación alguna en hechos distintos a mi ejercicio profesional como artista”, manifestó.
Agregó: “Quiero ser enfático en que mi rol se limitó exclusivamente a la ejecución de una presentación musical, sin intervención en la organización, logística o autorización del evento”.
Finalmente, el cantante recalcó que la información que recibió en su momento indicaba que se trataba de una actividad de carácter cultural que contaba con las autorizaciones correspondientes. No obstante, afirmó estar dispuesto a responder a cualquier llamado relacionado con la investigación.
“Reitero mi respeto por las instituciones y por la administración de justicia, y manifiesto mi total disposición para atender cualquier requerimiento de las autoridades competentes y contribuir al esclarecimiento de los hechos”.