Los días 6 y 7 de noviembre de 1985, durante la operación de recuperación del Palacio de Justicia, un grupo de civiles fue trasladado por las tropas del Ejército Nacional hasta la Casa del Florero, donde funcionaba un improvisado cuartel de operaciones comandado por el coronel Edilberto Sánchez Rubiano.
En el segundo piso de la edificación, fueron separados y calificados como “sospechosos” de haber colaborado con el M-19 para la toma guerrillera. Situación por la cual fueron sometidos a torturas y amenazas para que contaran la verdad y entregaran información sobre los subversivos que habían planeado el asalto armado.
Después de 40 años, la fiscalía primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia encontró méritos para llamar a juicio por el delito de tortura física, moral y psicológica a nueve militares en retiro, entre los que se encuentran el general (r) Iván Ramírez Quintero y el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, quienes comandaron las operaciones esos dos días.
Fuentes cercanas al caso indicaron que entre las víctimas de las torturas estaban visitantes ocasionales quienes fueron señalados por los comandos de inteligencia y contrainteligencia de haber participado en las actividades de logística dentro del Palacio, ubicado en pleno centro de Bogotá.
En este grupo, que fue víctima de amenazas y amedrantamientos, se encontraban los estudiantes de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson que ese día estaban haciendo una tarea.
Tanto Santodomingo como Matson han revelado en varias oportunidades que los militares, dentro de la Casa del Florero, los amenazaron con desaparecerlos sino contaban quién estaba detrás de la toma y revelaran los nombres de los subversivos.
La intermediación del exgobernador del Bolívar -quien era tío paterno de Matson- así como del rector de la Universidad Externado fueron clave para que los militares soltaran a los dos estudiantes. Durante años guardaron silencio sobre lo ocurrido, sin embargo, con la reapertura del caso en el 2006 narraron ante la Fiscalía el infierno que vivieron.
La lista de víctimas la completan José Vicente Rubiano, Aristóbulo Rozo, Orlando Quijano, Orlando Arrechea Ocoro, Saúl Antonio Arce, Jaime Buitrago Castro, Ana Lucía Limas Montaña, Héctor Darío Correa Tamayo y Magalys Arévalo Mejía.
En algunos de estos casos, los “sospechosos” fueron trasladados en vehículos particulares hasta guarniciones militares para ser sometidos a interrogatorios y torturas.
En la resolución de acusación se citan tres patrones sistemáticos de detención y tortura en contra de las personas marcadas como “sospechosas o especiales”.
En estos casos, se citó la activa participación del general Iván Ramírez Quintero, quien era el comandante del Comando de Inteligencia (Coici).
El coronel Sánchez Rubiano ya fue condenado a 40 años de prisión; mientras que el general (r) Ramírez Quintero fue sentenciado a 35 años por la desaparición de la guerrillera del M-19, Irma Franco Pineda; así como de varios trabajadores de la cafetería del Palacio de Justicia.
Los militares llamados a juicio
En la resolución firmada el pasado 24 de noviembre se cita al mayor (r) Óscar William Vásquez Rodríguez; sargento (r) Ferney Ulmardin Causayá Peña; sargento (r) Luis Fernando Nieto Velandia; sargento (r) Antonio Rubay Jiménez Gómez; coronel (r) Fernando Blanco Gómez; sargento (r) Gustavo Arévalo Moreno; sargento (r) Bernardo Alfonso Garzón Garzón.
Mientras que en los casos del teniente coronel (r) Rafael Hernández López, el capitán (r) Justo Eliseo Peña Sánchez y el teniente (r) Siervo Antonio Buitrago Téllez se profirió preclusión por el delito de tortura.