Jorge Luis Burgos, Carlos Alberto Sánchez Hernández, Brinert Guillermo Muñiz Arias y Edna Katherine Real Bastidas son algunos de los 752 defensores de derechos humanos y líderes sociales asesinados por los grupos criminales que formaron parte de la paz total a la que le apostó el presidente Gustavo Petro.
La anterior cifra es tan solo un rasguño del poder criminal que se potenció y que entrega el Gobierno tras cuatro años de mandato. El Pacto Histórico, influencers y hasta actores, siendo oposición, fueron acérrimos críticos del gobierno de Iván Duque por permitir crímenes de líderes sociales en el país, pero, irónicamente, esta cifra se multiplicó.
El dato que reposa en las bases de datos de la Policía y la Fiscalía señala que durante el Gobierno Petro se registró un fuerte incremento del 42 por ciento de crímenes contra líderes sociales, respecto al Gobierno Duque.
En el anterior cuatrienio fueron asesinados 527 líderes sociales y defensores de derechos humanos, mientras que en el actual el registro fue de 752. Los líderes sociales fueron asesinados por grupos criminales que se empoderaron en el periodo en el que funcionó la paz total.
Durante cuatro años, el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc, el ELN y la Segunda Marquetalia actuaron con amplia libertad en varias regiones del país. Militares y policías tuvieron que permanecer resguardados en batallones y estaciones, debido a que los decretos de cese al fuego expedidos por el Gobierno Petro les impedían adelantar operaciones ofensivas contra esas estructuras.
Luego de estas órdenes, el mapa criminal cambió de color. Los grupos ilegales comenzaron a aparecer en regiones donde antes la fuerza pública hacía presencia o donde ya habían sido desterrados, en departamentos como Norte de Santander, Arauca, Cauca, Chocó, Huila, Tolima, Caquetá, Cesar, La Guajira, Guaviare, Magdalena, Nariño y Putumayo.
Mientras los criminales aprovechaban que quienes los combatían tenían las manos amarradas por orden del Gobierno nacional, estos hacían de su actuar delictivo un festín. Los actos de terrorismo llegaron a niveles que no se veían en décadas.
En 2022, se presentaron 420 casos; en 2023, 248; en 2024, 246; en 2025, 299; y en lo corrido del 2026, 328, para un total de 1.541. El alto poder de los grupos criminales subió a un nivel tan extremo que el pasado mes de marzo se atrevieron a volar una parte de la Vía Panamericana, en el Cauca, dejando a 20 civiles asesinados y más de 40 heridos.
La ciudad de Cali, donde se posesionó el presidente Abelardo De La Espriella, fue bombardeada en repetidas ocasiones. Incluso la base militar Marco Fidel Suárez de la FAC, en agosto de 2025, fue blanco de un atentado terrorista.
Iván Mordisco y Calarcá, de las disidencias de las Farc; el ELN; Chiquito Malo, del Clan del Golfo; Iván Márquez y el Zarco Aldinever, de la Segunda Marquetalia; alias Araña, de los Comandos de Frontera; Los Comuneros del Sur, de Gabriel Yepes Mejía, alias H. H.; y la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, de Walter Mendoza, ocuparon, según información de las mismas autoridades, el 36 por ciento del territorio nacional.
Un informe de las agencias de seguridad del Estado documentó que los mencionados grupos criminales están en 420.985 kilómetros cuadrados del país. Y que pasaron de tener 15.125 integrantes en 2022 a 27.400 en 2026.
Ese poder que acumularon en estos cuatro años hizo devolver al país a las terroríficas escenas del secuestro que parecían borradas de la memoria. Durante el Gobierno Petro se registraron 767 casos de secuestro y más de 22.860 extorsiones.
Las masacres por las que el Gobierno Duque fue blanco de innumerables ataques políticos y de activistas, durante la administración Petro no se detuvieron. En sus cuatro años se registraron, según el Ministerio de Defensa, 429 masacres que dejaron 1.290 víctimas.
Mordisco, Calarcá, el ELN, el Clan del Golfo y otras organizaciones criminales sumieron al país en una espiral de violencia que provocó desplazamientos, confinamientos y temor entre las comunidades, ante la ausencia o limitada capacidad de acción de las autoridades militares y policiales.
Esta situación estuvo asociada a la política de paz total del Gobierno Petro, que, incluso al final de su mandato, insistió en mantener beneficios para cabecillas como alias Calarcá, a quien la Fiscalía imputó recientemente una extensa lista de delitos contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.