El proceso por la muerte de Wilfreth Aguilera Torres, la joven promesa del ciclismo, de 19 años, que falleció tras ser atropellada el pasado 17 de mayo, tuvo un nuevo giro.
Un juez de control de garantías negó la medida de aseguramiento solicitada contra Jesús Acosta Rico, conductor investigado por el caso, por lo que continuará vinculado al proceso en libertad.
La determinación generó rechazo entre los familiares del deportista y su representante, el abogado Leonardo Pinilla, quienes aseguran que durante el proceso se han presentado elementos relacionados con las circunstancias en las que ocurrió el siniestro, el grado de alcoholemia que habría presentado el conductor y su comportamiento después del hecho.
De acuerdo con la representación de víctimas, estos elementos debían ser analizados de manera conjunta al momento de resolver la solicitud de medida de aseguramiento.
“Rechazamos de manera contundente esta decisión. Estamos hablando de la muerte de un joven, de una promesa del ciclismo, y de un proceso en el que existen elementos que, desde nuestra perspectiva, debieron ser valorados integralmente. La familia de Wilfreth merece respuestas y merece que todas las actuaciones sean examinadas con el máximo rigor”, afirmó Pinilla.
Familia cuestiona actuaciones dentro del proceso
La decisión se conoce después de varios meses en los que la familia de Aguilera ha reclamado avances en la investigación. Según sus abogados, desde las primeras actuaciones surgieron diferencias frente al tratamiento jurídico que debía recibir el caso.
La representación de víctimas sostiene que el 18 de mayo, un día después de la muerte del ciclista, el fiscal Edgar Salas dispuso inicialmente la libertad de Acosta Rico, pese a que para ese momento se contaba, según los abogados, con elementos como el informe del accidente, el plano topográfico, la identificación del vehículo y una prueba de alcoholemia.
El caso fue abordado inicialmente como un posible homicidio culposo. Sin embargo, la defensa de la familia ha insistido en que las circunstancias deben ser examinadas bajo la figura de homicidio con dolo eventual, tesis que ya había planteado públicamente semanas atrás.
Según Pinilla, ante la posición inicial de no solicitar una medida de aseguramiento, los representantes de la familia impulsaron la realización de un comité técnico dentro de la Fiscalía. Posteriormente, se determinó avanzar con la imputación y solicitar la medida contra el conductor investigado.
Sin embargo, el juez negó esa petición. La familia cuestionó además que la Fiscalía no hubiera apelado la determinación, pese a haber solicitado la medida.
“Resulta difícil para la familia comprender que primero haya sido necesario insistir para que se solicitara la medida y que, una vez un juez la niega, la Fiscalía decida no apelar. Son actuaciones que legítimamente generan interrogantes y que consideramos deben ser revisadas por las autoridades competentes”, sostuvo el abogado.
“La prueba debía valorarse integralmente”
Otro de los reparos de la representación de víctimas está relacionado con la forma en la que, según sostiene, fueron analizados algunos testimonios presentados durante la audiencia.
Pinilla aseguró que se pidió al juez estudiar los elementos en conjunto y no de manera aislada. La defensa considera que algunos apartes de las declaraciones de testigos presenciales habrían sido examinados de forma fragmentada, lo que, a su juicio, pudo incidir en la decisión.
Los abogados aclararon que no están anticipando responsabilidades disciplinarias o penales de los funcionarios que han participado en el expediente, pero consideran necesario que las actuaciones sean revisadas para determinar si obedecen únicamente a diferencias de interpretación jurídica o si existe algún otro tipo de irregularidad.
Tras la muerte del joven, familiares y amigos incluso convocaron movilizaciones en Facatativá para reclamar justicia y pedir que las circunstancias del caso fueran investigadas con rigor.
“No estamos pidiendo privilegios ni condenas anticipadas. Estamos pidiendo justicia, rigor y que la muerte de Wilfreth no quede reducida a un expediente más”, concluyó Pinilla.