La jueza Sexta de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, Carmen Luisa Terán Suárez, fue la responsable de firmar la boleta de libertad que dejaría sin efectos en las próximas horas la detención domiciliaria contra el corrupto empresario Carlos Mattos.
Mattos es el mismo empresario que logró por muchos años la distribución exclusiva de los vehículos Hyundai en Colombia, pero terminó corrompiendo a jueces, funcionarios de despachos, investigadores, guardianes y hasta ingenieros luego de que quedó por fuera del negocio con la poderosa marca coreana.
Lo curioso de todo es que la jueza Terán Suárez, quien ordenó la libertad del cuestionado empresario, es investigada por la Comisión de Disciplina Judicial, seccional Atlántico, desde enero de este año luego de que también decidió darle el beneficio de libertad condicional a Jorge Luis Alfonso López, más conocido como Gatico.
La investigación por alias Gatico
SEMANA conoció que el pasado 29 de diciembre, la jueza Carmen Terán también fue la encargada de firmar el documento que le concedió la libertad condicional a Jorge Luis Alfonso López, alias Gatico, procesado por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.
Gatico es el hijo de la fallecida Enilce López, más conocida como la Gata, la famosa empresaria de los chances que terminó condenada a nueve años de cárcel por el delito de concierto para delinquir agravado con grupos paramilitares entre los años 2000 y 2003.
Pero a principios de este año, la Seccional Atlántico de la Comisión de Disciplina Judicial compulsó copias contra la jueza Sexta de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, luego de que le concedió la libertad al hijo de la Gata.
Esa alta Corte ahora trata de determinar si la decisión de la funcionaria judicial estuvo justificada sobre los años de pena que pagó hasta ese momento Jorge Luis Alfonso López. Una razón suficiente que dio méritos para revisar su actuación dentro de ese proceso.
Esta no es la primera vez que la Comisión de Disciplina investiga a un juez de la República; en enero de este año resolvió llamar a juicio disciplinario a la jueza Claribel Onia Fernández, por las posibles irregularidades que derivaron en la libertad condicional del condenado empresario Emilio Tapia, involucrado en los casos de corrupción de Centros Poblados y el carrusel de la contratación en Bogotá.