Este martes 26 de mayo, los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citaron a una sesión extraordinaria en la que negaron la solicitud presentada por la congresista Karen Manrique, quien buscaba reemplazar su medida de aseguramiento en la cárcel por prisión domiciliaria.
Con el rechazo de ese recurso que radicó la representante a la Cámara por el departamento de Arauca, el caso salió formalmente de la Sala de Instrucción y pasa a Primera Instancia, donde se llevará el juicio penal contra todos los congresistas de la Comisión de Crédito Público salpicados en el caso de la UNGRD.
La congresista Manrique, quien seguirá en la cárcel, ahora irá a juicio con sus colegas Wadith Manzur, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y el exrepresentante a la Cámara, Juan Diego Muñoz, vinculados al escándalo que se armó por el desfalco a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
Desde el 11 de marzo de este año, la Corte Suprema definió acusar a los congresistas por el delito de cohecho impropio, después de que fueron señalados de presuntamente recibir contratos de esa entidad para votar a favor de los créditos internacionales que solicitaba el Gobierno Petro a la Comisión de Crédito Público, a través del Ministerio de Hacienda.
Sin embargo, la decisión quedó en firme dos meses después de que los magistrados de la Sala de Instrucción resolvieran varios recursos que radicaron los congresistas Karen Manrique y Wadith Manzur para tratar de recobrar su libertad.
Manrique y Manzur siguen actualmente en la cárcel mientras avanza este proceso penal, a pesar de que fueron reelegidos nuevamente en el Congreso de la República. De hecho, en la actualidad sus curules quedaron con la figura de ‘silla vacia’ en estos dos últimos meses de la legislatura.
La Corte Suprema de Justicia ha ratificado en sus decisiones judiciales que los legisladores se habrían reunido en el segundo semestre de 2023, con funcionarios del Ministerio de Hacienda, para dar conceptos favorables a las operaciones de crédito que interesaban al Ejecutivo.
Así fue como en varias reuniones se habría acordado que como contraprestación para los congresistas, se desviarían contratos y obras de interventora de tres proyectos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en Córdoba, Arauca y Bolívar.
En los próximos días se conocerá qué magistrado de la Sala de Primera quedó desginado por reparto para acusar a los seis congresistas de la Comisión de Crédito Público del Congreso que terminaron implicados en uno de los mayores escándalos de corrupción del actual Gobierno.