Hace más de un año, Mario Burgos, el entonces fiscal del caso contra Nicolás Petro, anticipó que se vendría una nueva imputación de cargos contra el hijo del presidente Gustavo Petro, ahora por hechos de corrupción. La advertencia se cumplió y la fiscal del caso radicó la solicitud.
Ante los jueces de Barranquilla, la fiscal que tiene en las puertas de un juicio a Nicolás Petro, radicó una audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario contra Nicolás Petro por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público.
En su momento, SEMANA reveló el detalle de esta imputación y que estaba en un informe de investigador de campo que advierte las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hablan de la inferencia razonable de autoría o participación del hijo del presidente en los delitos que fueron señalados.
Se trata de cinco contratos que se firmaron a través de la Fundación Conciencia Social con la Gobernación del Atlántico y que advierten negociaciones para actividades, supuestamente sociales, por las que se cobraron más de 3.000 millones de pesos, recursos públicos que, al parecer, no llegaron al objetivo de estos contratos.
“Derivadas de su actividad económica, si no, por el contrario, injustificadas y provenientes del enriquecimiento ilícito entregado incluso por algunas personas y no relacionadas con su rol de diputado, como es el caso del señor Samuel Santander López Sierra, Óscar Camacho, Pedro Flores, Máximo Noriega, Jorge Robayo”, dijo el fiscal Mario Burgos, en enero de 2024.
Los contratos con la gobernación del Atlántico incluyeron centros de atención para los adultos mayores y a estudiantes en situación de discapacidad, que nunca recibieron la atención que supuestamente se explicaba en la firma de los documentos, que nunca se cumplieron y que se convirtieron en la evidencia de las irregularidades.
“Cabe resaltar que el contratista en cuatro (4) de los cinco resultados encontrados es la “Fundación Conciencia Social”, mientras en el contrato correspondiente, se trata de la “Unión Temporal Conciencia Incluyente de la que Gustavo de la Ossa Vélez es representante legal y cuya dirección, la cual también se entrega anexa. Cabe indicar que la dirección referida corresponde con la misma ubicación de la Fundación Conciencia Social, en la ciudad de Barranquilla”, explica el informe de la Fiscalía.
SEMANA conoció, por fuentes de la judicatura, que la Fiscalía radicó la solicitud de imputación y que la misma incluye una medida de aseguramiento en contra de Nicolás Petro. Con esta imputación serían dos las investigaciones contra el hijo del presidente de la república, Gustavo Petro.
En el primer proceso, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, la Fiscalía terminó la presentación de las pruebas, al igual que la defensa. Ahora el caso está en poder del juez Hugo Carbonó, que tendrá que definir con qué pruebas y evidencias se avanza al juicio y así establecer la responsabilidad de Nicolás Petro en este escándalo, que alguna vez reconoció y luego negó.