La cárcel de Itagüí, en el gobierno del presidente Gustavo Petro, se convirtió en el espacio de reclusión más apetecido por los narcotraficantes en Colombia. Allí fueron llegando los capos de las organizaciones más peligrosas, que juraron buscar la paz y la encontraron, pero solo para ellos, especialmente los jefes de las bandas que operan en Medellín y que fueron parte del ‘tarimazo’ con el primer mandatario.
Poco a poco se han ido conociendo denuncias sobre privilegios, beneficios y un trato especial en el pabellón de máxima seguridad de ese penal, y en todas aparece, como presunto responsable, un guardián del Inpec que habría garantizado un trato VIP a los capos.
Pese a figurar en las denuncias, en el expediente de la Fiscalía y en investigaciones internas del Inpec, el funcionario se mantendría, según las indagaciones, en su cargo y con línea directa con los capos.
El guardián, plenamente identificado por la Fiscalía, reseñado en las denuncias e incluido en los procesos disciplinarios del Inpec y la Procuraduría, se convirtió en el anfitrión de fiestas, bacanales, marranadas y parrandas que organizaban los capos, fieles a su tradición de tirar la celda por la reja.
Pero el supuesto ‘chaperón’ de los narcos en la cárcel de Itagüí no trabajaba gratis. De acuerdo con las denuncias, este funcionario, cuyo nombre, rango y cargo se reserva SEMANA a solicitud de la Fiscalía para garantizar los resultados de la investigación, se hizo a una fortuna con los “favores” a los capos.
“Tiene cuatro apartamentos, locales y un vehículo de alta gama valorado en más de 180 millones de pesos, y todo con un sueldo que no supera los 6 millones. Ese patrimonio lo habría acumulado durante este Gobierno, mientras se discutía la paz en Itagüí”, señala la denuncia que hicieron los propios funcionarios del Inpec.
Los mismos señalamientos se sumaron al expediente que tiene la Fiscalía, en la seccional de Medellín, donde se advierten al menos cuatro eventos con hechos parecidos a la parranda vallenata que generó indignación en el país y que protagonizaron los capos sentados en la mesa de paz con el Gobierno.
“Desde hace muchos meses vienen sucediendo cosas en esta cárcel, sin que pase absolutamente nada. La corrupción ya es normal en este establecimiento; nos duele porque no todos estamos juntos en la corrupción y en las tajadas de plata que ofrecen por ingresar cosas y permitir cosas”, señala la denuncia.
El primer evento incluye un agasajo en el pabellón de máxima seguridad que se mantuvo en secreto hasta que los propios funcionarios del Inpec hicieron las denuncias. Se trató de una ‘marranada’, una fiesta que incluía licor y cervezas. Los informes que redactaron los guardianes se convirtieron en elementos de prueba.
Luego, de acuerdo con lo que reveló la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla, los capos de la paz total ofrecieron una tarde de hamburguesas en el pabellón de máxima seguridad y la celebración, según la exfiscal, estuvo acompañada de prostitutas que, sin problema, ingresaron al penal por la puerta principal y no quedó registro.
Los eventos quedaron reseñados en varias advertencias que de forma anónima redactaron los funcionarios del Inpec, testigos de esa parodia que llamaban control, con la autorización de quien en ese momento ostentaba la dirección del penal y, según la exministra de Justicia Ángela María Buitrago, gozaba de protección especial.
“Lo que pasó el día 21 de febrero en el pabellón de alta seguridad no tiene presentación; es un descaro. Llegó el Comando de Reacción Inmediata (CRI) del Inpec a realizar un operativo en ese pabellón y, al momento de ingresar a operar, se pararon varios internos, que están en el dichoso proceso de paz, con bebidas alcohólicas y celulares y, además, con todo a la vista, porque ese pabellón se convirtió en una alcahuetería. Esos internos amenazaron a los compañeros”, señalan las denuncias.
Advertencias de hace un año
La lista de irregularidades fue incluida en un informe que la entonces ministra entregó al presidente Gustavo Petro, hace más de un año, para advertir que la senadora Isabel Cristina Zuleta se tomó atribuciones que no le correspondían; incluso ordenaba frenar operativos de los grupos especiales del Inpec en el centro penitenciario.
“Esto significaba que cada vez que se hacía un operativo, cada vez que se hacía una diligencia para buscar elementos prohibidos, llegaba un mensaje en el que se decía que obviamente se iba a dañar un proceso de paz y que era responsabilidad de la ministra de entonces”, dijo la exministra.
Lo dicho por la exfuncionaria se confirmó con las denuncias en la Fiscalía. El guardián del Inpec que se habría hecho millonario con la llamada paz urbana en Antioquia estuvo en todos los eventos financiados por los capos de la paz total y, curiosamente, en todos resultó investigado, pero siguió en el cargo.
La sola parranda vallenata, con la presentación del cantante Nelson Velásquez, de acuerdo con la concejal Carrasquilla, costó más de 500 millones de pesos y, según los propios funcionarios del Inpec, la repartija para quienes se prestaron a ignorar los controles en la cárcel de Itagüí, entre ellos el anfitrión principal, fue de 100 millones de pesos.
Las denuncias de los funcionarios del Inpec incluyen una grave advertencia de cómo desde el nivel central en Bogotá se ordenó frenar los operativos que los grupos especiales pretendían realizar en el pabellón de máxima seguridad, justo cuando algún evento “particular” se desarrollaba sin ninguna clase de autorización.
“Es triste tener que escondernos para denunciar y que alguien tome cartas en el asunto. Esto no da más; ver lo que está cometiendo el tal proceso de paz no es más que una burla, hasta para nosotros… Ingreso de vehículos a la madrugada para ese pabellón de alta seguridad, funcionarios pagos: un teniente, sargento y cabos”, advierte la denuncia.
La parranda vallenata, que esperaban mantener oculta y tras las rejas, fue el detonante para que explotara el escándalo en las manos del Gobierno y su programa de paz en las cárceles. La iniciativa que lidera y defiende la senadora Isabel Cristina Zuleta se mostró sin filtros. Los capos aprovecharon su momento y algunos guardianes del Inpec cobraron por el servicio VIP en la prisión.
El Gobierno y el Inpec intentaron sacudirse del escándalo, hasta pidieron perdón, pero no contaban con las denuncias que hace meses estaban en los despachos del Ministerio de Justicia y del instituto penitenciario, con la evidencia de que la parranda vallenata fue un evento más, no la novedad.
El Inpec emitió una resolución para suspender a un grupo de funcionarios por la parranda vallenata; sin embargo, la Procuraduría, al asumir poder preferente sobre la investigación, revocó la medida y permitió el regreso a sus cargos de los guardianes involucrados.
La vergonzosa historia de la cárcel de Itagüí recordó la llamada catedral del narcotraficante Pablo Escobar. Un centro de reclusión acondicionado a las necesidades y lujos de capos, quienes convirtieron su deuda con la justicia en una temporada de descanso con el salvoconducto de la paz total.