Antes de su salida del Gobierno, la entonces ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, le informó al presidente Gustavo Petro, personalmente y a través de un informe, lo que estaba ocurriendo en la cárcel de Itagüí con beneficios y privilegios a capos de organizaciones criminales.
En diálogo con SEMANA, la exministra de Justicia señaló que en una visita a la cárcel de Acacías, en el departamento de Meta, le explicó al presidente Gustavo Petro las injerencias indebidas de la senadora Isabel Cristina Zuleta en las cárceles del país, principalmente en Itagüí, donde se concentraron los esfuerzos de la llamada paz urbana.
“Se le rindió un informe escrito en el mes de marzo, se dejó la secretaría jurídica, pero no sé si lo alcanzó a ver. De todos modos, tuvimos una conversación muy tangencial en abril cuando fuimos a un centro de reclusión en Acacías y allí le mencioné ese tema, pero desde ese punto de vista yo salgo en mayo, paso la renuncia y una de las causas era esa”, señaló la exministra.
Advirtió Ángela María Buitrago que el motivo para salir del cargo del llamado gobierno del cambio era justamente la injerencia indebida de la senadora Isabel Cristina Zuleta y así se lo dejó escrito al presidente de la República en su carta de renuncia, además de los informes que presentó de su gestión.
“Incluso el tema de hacer injerencia en los centros carcelarios era un tema muy complejo porque la que responde por los centros carcelarios como cabeza del sector es la ministra de Justicia; del sector, el Ministerio de Justicia es el que lleva la responsabilidad por lo que sucede en los centros carcelarios; no se podían interrumpir los protocolos”, describió la exministra.
El principal problema, de acuerdo con la exfuncionaria, estaba en la complejidad para adelantar los operativos para mantener bajo control las cárceles, principalmente donde estaban recluidos los capos que se presentaron como voceros de paz en diálogo con el Gobierno Petro y en un proceso que ni siquiera tenía espacio en la ley de paz total.
“Metidas de manera diferente, esto significaba que cada vez que se hacía un operativo, cada vez que se hacía una diligencia para buscar elementos prohibidos, llegaba un mensaje en el que se decía que obviamente se iba a dañar un proceso de paz y que era responsabilidad de la ministra de entonces”, señaló la exministra.
La exministra aseguró que todas las pruebas y evidencias de sus advertencias fueron aportadas a investigaciones que adelantan la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, justamente las que relacionan las actividades de la senadora y las omisiones de los guardianes del Inpec.