El escándalo por la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí, en el departamento de Antioquia, sigue dando coletazos. A la suspensión de 11 funcionarios del Inpec se sumó la apertura de una indagación preliminar de la Fiscalía para determinar la posible comisión de delitos de estos servidores.
La parranda vallenata ocurrió a mitad de semana y contó con la presencia de más de 80 personas que lograron participar en un concierto privado con el artista Nelson Velásquez, en un momento en el que se supone que los capos de organizaciones criminales más peligrosas del departamento de Antioquia estaban en diálogos de paz.
“Estos hechos lamentables se presentan como consecuencia del trabajo efectivo de los servidores penitenciarios que diariamente cumplen con sus funciones y buscan mantener el control y la gobernabilidad en los establecimientos penitenciarios y carcelarios”, señaló el Inpec.
El Gobierno también suspendió los diálogos y anticipó que, hasta verificar la situación, no continuarían con las conversaciones con estos cabecillas criminales que, de acuerdo con la senadora Isabel Zuleta, no son capos, sino la cabeza de unas “familias” dedicadas a extorsionar, asesinar y traficar con estupefacientes.
A las indagaciones preliminares adelantadas por la Fiscalía se suman otras que, de manera interna, ha adelantado el Inpec y que esa misma semana llevaron a la suspensión de 11 funcionarios de la entidad encargados de la vigilancia y custodia de esa cárcel durante la fecha de la parranda vallenata.
Igualmente, la concejal Claudia Carrasquilla ha hecho reiteradas denuncias sobre hechos de corrupción al interior de la cárcel, que comprometen a funcionarios de la guardia; varios de ellos han estado de manera constante en cada uno de los hechos que son materia de investigación y que ahora se suman a las pesquisas de la Fiscalía.
“La Dirección General del Instituto tiene como política el trabajo efectivo y transparente, con el fin de combatir las prácticas criminales que algunos privados de la libertad pretenden seguir ejerciendo desde su sitio de reclusión; es un trabajo constante pero necesario para cumplir con la misión de la entidad”, reveló el Inpec.
El Inpec advirtió que se trata de un hecho reprochable, por lo que ordenó de manera inmediata adelantar todas las investigaciones del caso con el propósito de establecer responsabilidades y, de comprobarse, proceder al retiro inmediato de los funcionarios que resulten comprometidos en estos hechos, que se han convertido en un problema para el Gobierno y su proyecto de paz.