El escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) tomó un nuevo rumbo luego de una intensa sesión que contó con la presencia de dos conjueces; en ella, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad y se ordenó la captura inmediata de los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, quien se entregó en las últimas horas a la Sijín en Tame, Arauca.
La Sala también tiene en la mira a los congresistas Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, quienes fueron acusados formalmente; se inicia el juicio en su contra, pero permanecerán en libertad mientras avanza la actuación judicial.
SEMANA reveló el entramado de corrupción con evidencias de chats, documentos e interrogatorios que fueron contundentes en esta decisión judicial sobre el caso.
En la prueba reina aparecen los nombres de los congresistas anteriormente mencionados que fueron salpicados por el exdirector de la entidad, Olmedo López, y el exsubdirector, Sneyder Pinilla.
Justamente, Olmedo López fue quien entregó, además de la denominada prueba reina, una serie de chats en los que leían las órdenes, reuniones en Casa de Nariño para acordar la trama corrupta, el seguimiento a los contratos asignados, labor que le fue encomendada por él mismo a su subdirector Sneyder Pinilla; y cómo el mismo exministro Ricardo Bonilla había sido presuntamente quien dio vía libre a la repartija.
SEMANA obtuvo en exclusiva el documento al que, según el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, la representante a la Cámara Karen Manrique, de la circunscripción especial de víctimas del conflicto armado, de Arauca, escribió los nombres de cinco de sus colegas y el suyo propio cuando López le pidió que le hiciera la lista de quienes estaban pendientes de los contratos en Carmen de Bolívar (Bolívar), Cotorra (Córdoba) y Saravena (Arauca). Estos sumaban 92.000 millones de pesos.
Se trata de una libreta tamaño media carta, cuadriculada y de color amarillo, en la que se observan dos tipos de letra: la de la representante Manrique, según reveló López, y la de él mismo. Todo sería una negociación en la que los congresistas habrían vendido su voto por contratos.
La hoja, en la parte superior, tiene la siguiente anotación: “Integrantes C. Crédito P.”, en referencia a la Comisión de Crédito Público del Congreso. Al lado de algunos congresistas aparece su lugar de origen (Costa, Antioquia, Saravena).
En la hoja cuadriculada, al lado de la letra de Manrique, aparece otra caligrafía. Según López, es la de él. Allí se lee: “Créditos aprobados en diciembre (15), país no se quedará sin energía. Doy fe”. Al lado, para descartar cualquier duda, estampó su firma.
“1) El Salado, del municipio de Carmen de Bolívar, $11.700. 2) Cotorra, departamento de Córdoba, $46.000. 3) Río Bojabá, en el municipio de Arauca, $34.000. Total: 91.700”, escribió Pinilla en una tercera anotación, en la misma libreta, en la siguiente hoja, respondiéndole a la pregunta de su jefe por los contratos.
Esta investigación con la que tomó la decisión la Corte Suprema de Justicia en las últimas horas está relacionada con hechos ocurridos durante el segundo semestre de 2023.
Según las indagaciones, los legisladores, en su condición de integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado ofrecimientos por parte de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito que interesaban a esa cartera.
El alto tribunal señaló que “para la Sala, el amplio material recaudado durante la investigación permite concluir que los procesados pudieron cometer el delito de cohecho impropio”.