La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió este miércoles, 11 de marzo, acusar por el delito de cohecho impropio a cinco congresistas y a un excongresista en el marco de la investigación por presuntos hechos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La decisión fue adoptada durante una sesión extraordinaria de la Sala, en la que también se ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los congresistas Wadith Alberto Manzur Imbett y Karen Astrith Manrique Olarte.
Fuentes cercanas al caso señalaron a SEMANA que, tras una discusión interna en el alto tribunal, los magistrados concluyeron que existían méritos para llamar a juicio a ambos legisladores, esto luego de que los dos congresistas resultaron reelectos para un nuevo periodo legislativo el pasado 8 de marzo.
Además de Manzur y Manrique, la Sala se pronunció dentro del mismo proceso contra los congresistas Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya y Julián Peinado Ramírez, así como contra el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera.
En estos casos, los investigados continuarán vinculados al proceso, pero permanecerán en libertad mientras avanza la actuación judicial. La investigación está relacionada con hechos ocurridos durante el segundo semestre de 2023.
Según las indagaciones, los legisladores, en su condición de integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado ofrecimientos por parte de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito que interesaban a esa cartera.
De acuerdo con un comunicado de la Corte Suprema de Justicia, “en varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de esos créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) en Córdoba, Arauca y Bolívar”.
En los encuentros que hacen parte del material probatorio recopilado durante la investigación, la Sala indicó que se habrían definido los montos con los cuales representantes del Ejecutivo beneficiarían a los congresistas a cambio de comprometer su función en el trámite de los créditos.
El alto tribunal señaló que “para la Sala, el amplio material recaudado durante la investigación permite concluir que los procesados pudieron cometer el delito de cohecho impropio”.
Así mismo, informó que notificará al Congreso de la República sobre la decisión para que los investigados sean suspendidos del ejercicio de sus cargos. Una vez la determinación quede ejecutoriada, el expediente será remitido a la Sala Especial de Primera Instancia para continuar con el proceso judicial correspondiente.