En las últimas horas se presentó una petición oficial ante el Senado de la República para que se revise el permiso de salida del país otorgado al expresidente Gustavo Petro Urrego.
La petición tiene relación con la solicitud hecha el pasado 6 de agosto por la Fiscalía General a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, para investigar al exmandatario por los hechos que rodearon la muerte de Kevin Acosta, el niño de siete años que no recibió a tiempo los medicamentos para la hemofilia.
En la solicitud, radicada por el apoderado de la familia del menor, se advierte sobre la necesidad de frenar las salidas del exmandatario hasta que se resuelva su situación jurídica en este caso.
La petición se divide en dos puntos: el primero se refiere a la participación directa del entonces presidente en los cambios del sistema de salud que llevaron a que se afectara el suministro de medicamentos al menor por parte de la Nueva EPS; el segundo, a su decisión de publicar la historia clínica del menor de edad sin contar con ningún tipo de autorización.
“Recordemos que el Gobierno Nacional, para ese momento presidido por el señor Gustavo Petro Urrego, en un intento por implementar modificaciones improvisadas al sistema de salud, intervino la Nueva EPS el pasado 3 de abril (…) Esta acción regulatoria terminó destruyendo la atención de los beneficiados y asfixiando económicamente el sistema”, señala la petición enviada al presidente del Senado, Honorio Henríquez.
En la solicitud se advierte la gravedad de los hechos y que la víctima fue un menor de edad, quien, pese a todos los reclamos y presentación de recursos, nunca obtuvo los medicamentos para el tratamiento.
“Por esta razón y en aras de la posición de garante que le corresponde en su calidad de primer mandatario de los colombianos y quien direccionó las políticas en materia de salud en todo el territorio nacional. La Fiscalía General le compulsó copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara como consecuencia de lo encontrado en sus actividades investigativas dentro del proceso que se adelanta por el delito de homicidio del menor Kevin Arley Acosta por los delitos de violación de datos agravada y homicidio culposo al encontrar serios indicios de la responsabilidad de Gustavo Petro por estos hechos”, indicó.
La petición de cancelar la salida del expresidente coincidió con el anuncio de imputación de cargos en contra de cuatro exfuncionarios de la Nueva EPS por, presuntamente, haber alterado la historia clínica del menor de edad.
En este caso fueron vinculados el exagente interventor de la Nueva EPS, Luis Óscar Galves Mateus, así como al exauditor Nelson Ramírez Plaza. Deberán responder por el delito de homicidio culposo.
Así mismo, Diana Marcela Caballero Arias y Jessika Paola Triana Sahastuy, exfuncionarias de la Nueva EPS.