Un trascendental paso tomó la Fiscalía General en medio de la investigación por el caso de Kevin Arley Acosta Pico, el niño de siete años que falleció el 13 de febrero esperando un tratamiento médico para la hemofilia.

El ente investigador le imputará cargos al exagente interventor de la Nueva EPS, Luis Óscar Galves Mateus, así como al exauditor Nelson Ramírez Plaza.
Deberán responder por el delito de homicidio culposo.
A esta lista se suman las exfuncionarias de la Nueva EPS, Jessika Pala Triana Sahastuy y Diana Macela Caballero Arias.

El caso, según le confirmaron fuentes cercanas a SEMANA, tiene relación directa con la alteración de la historia clínica del menor de edad.
Se trata de la misma historia que fue publicada por el entonces presidente Gustavo Petro en su cuenta de X en medio de su defensa a la gestión del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
La alteración de datos sensibles e información reservada habría buscado cambiar el diagnóstico tanto de la enfermedad del niño como del tratamiento que recibió durante meses.

Tanto el presidente Gustavo Petro como el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, han sido fuertemente cuestionados tras declarar que la familia del menor tuvo responsabilidad directa en los hechos que llevaron a su muerte.
En el caso del jefe de Estado, se le cuestionó haber revelado públicamente la historia clínica del menor, cuando la ley y la Constitución han sido constantes en señalar que estos son datos extremadamente reservados.

Mientras tanto, al Ministro de Salud se le criticó por rebajar la muerte del menor a un accidente por montar bicicleta.
Compulsa de copias contra Petro
El pasado 6 de agosto, la Fiscalía General le compulsó copias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se investigara al entonces saliente presidente Gustavo Petro por incumplir su “posición de garante” al ordenar la intervención de la Nueva EPS.

“Solicita a la comisión de acusación de la honorable Cámara de Representantes, se investigue la presunta responsabilidad del señor presidente de la República Gustavo Francisco Petro Urrego en lo que respecta al fallecimiento del menor, al ostentar la posición de garante frente a las decisiones tomadas al intervenir a la Nueva EPS” (sic), señala la compulsa de copias enviada por el ente investigador.
La Fiscalía confirmó que —como parte de la denuncia que la representación de víctimas radicó en cabeza del exministro de Justicia, Wilson Ruiz y tras la revelación de la historia clínica del pequeño— compulsó copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se adelanten las investigaciones contra el presidente Gustavo Petro.
La revelación de la historia clínica que hizo el presidente de la República no fue lo único que se convirtió en polémica en este caso. El Gobierno incluso acudió a una acción de tutela para obtener la necropsia que Medicina Legal practicó al niño, una solicitud que generó indignación nacional.
