Repartidas en cuatro hileras, 135 fotografías llegaron para decorar tres de los pasillos del Palacio de Justicia en el centro de Bogotá. Unas, ubicadas de manera ordenada a pocos metros de la puerta de entrada a la Corte Suprema de Justicia; otras, cerca de la sala de audiencias que durante años ha sido el epicentro de los juicios más importantes en la historia reciente del país.
Este imponente mosaico no dejó pasar el capítulo más vergonzoso de la historia de la Justicia colombiana: el cartel de la toga. Por eso, en el homenaje, también el inri puesto sobre algunos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia y precisamente su ausencia. Faltan tres; no se trata de un error ni de un olvido.
La decisión de que sus rostros no estuvieran se discutió y meditó en una intensa Sala Plena a finales de 2025, que, al unísono, tomó la trascendental y simbólica decisión: no son merecedores de estar ubicados ahí.
En el tributo para aquellos que han recibido la dignidad de presidir la Corte Suprema de Justicia en el último siglo no aparecen los retratos de Francisco Javier Ricaurte Gómez, Camilo Humberto Tarquino Gallego y Leonidas Bustos Martínez, protagonistas condenados por el cartel de la toga, que es, en términos prácticos, la venta de decisiones judiciales a cambio de multimillonarios sobornos.
Fuentes cercanas al alto tribunal le señalaron a SEMANA que en la discusión que se llevó a cabo en la Sala Plena de la Corte Suprema se concluyó que ninguno de ellos “era digno” de estar en el mencionado y sentido homenaje.
“La Sala decidió que no estuvieran. Ese es un lugar de honor y reconocimiento”, señaló una de las fuentes consultadas por la ausencia de los tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia en el mosaico que recoge más de 130 años de historia.
Con esta decisión se borró de un plumazo cualquier registro o vestigio del paso de estos tres magistrados, que tanto daño le hicieron a la imagen reputacional de la Corte Suprema de Justicia y, de paso, a la Rama Judicial.
En palabras simples, se consideró que las condenas que pesan en su contra, aun cuando se encuentran en revisión y no están del todo ejecutoriadas, les quitan cualquier tipo de decoro para pertenecer al mosaico, compartiendo ese lugar con reputados magistrados cuya sola mención de sus nombres u obras causan admiración y aplausos en la academia y la sociedad; entre ellos, Alfonso Reyes Echandía, asesinado por el M-19 durante la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.
La indignidad
El desfile de millonarios sobornos en la Corte Suprema para frenar investigaciones, cancelar órdenes de captura, dilatar la toma de decisiones e, incluso, emitir fallos absolutorios pese a las pruebas es por mucho el hecho que más ha afectado la imagen y reputación de la administración de justicia en Colombia.
El mediático escándalo del cartel de la toga, que estalló en junio de 2017, puso en duda la imparcialidad y objetividad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, especialmente de la Sala Penal, que en años anteriores habían sostenido una batalla para demostrar los vínculos de importantes dirigentes políticos con los grupos paramilitares, en lo que se llamó la “parapolítica”.
Las acciones de los magistrados presuntamente corruptos provocaron que la tan respetada corte se viera en el ojo del huracán. El escándalo no era para menos. Varios de sus más encopetados e importantes togados habían sido salpicados por el ex fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera de haber exigido y recibido a manos llenas sobornos a fin de ralentizar la administración de justicia para aforados constitucionales investigados por graves casos de corrupción, vínculos con grupos armados ilegales, desfalcos a la salud y desvíos de recursos estatales, entre otros.
Poco a poco, y en decisiones inéditas, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes fue abriendo investigaciones que terminaron, en un primer momento, con la aprobación en el Senado de la acusación contra el magistrado Gustavo Enrique Malo, de la Corte Suprema de Justicia, por los cargos de concierto para delinquir, cohecho propio (recibimiento de sobornos) y prevaricato por omisión.
En otra de las líneas de investigación, la Fiscalía acusó a Camilo Humberto Tarquino y Francisco Javier Ricaurte, expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar y ofrecer y utilización indebida de información privilegiada.
Dichos magistrados, que ya habían salido de la Corte Suprema de Justicia, fundaron sus oficinas de abogados en las que, utilizando como gancho su dignidad de togados y los contactos en el alto tribunal, supuestamente planteaban que podían torcer el cuello de la administración de justicia. Todo esto, claro está, a cambio de una jugosa comisión.
Según las investigaciones y los testimonios, las cifras que pedían para lograr sus planes, en la que ha sido catalogada por la Justicia como una “empresa criminal”, eran verdaderamente escandalosas: entre 1.200 y 2.000 millones de pesos por expediente.
Bustos, el “cerebro”
En un reciente fallo emitido contra Leonidas Bustos Martínez, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, se puso el dedo en la llaga frente al gran perjuicio para la imagen e integridad del alto tribunal con la actuación de su expresidente, quien en los pasillos era llamado “el todopoderoso”.
“Comportamientos que crean zozobra e intranquilidad entre los usuarios de la administración de justicia, pues al ciudadano medio le afecta advertir que los tentáculos de la corrupción lograron alcanzar a los juristas más notables de nuestra sociedad y que representaban uno de los valores más preciados, como lo es el de la justicia”, advirtió la Corte Suprema al condenarlo a diez años de prisión.
En el fallo se calificó a Bustos como el “cerebro” de este cartel. “El procesado aprovechó esa posición para poner en funcionamiento una empresa delictiva destinada a prestar servicios ilícitos a criminales de cuello blanco”, añadió la decisión contra Bustos, quien desde hace una década está prófugo de la justicia y se encuentra en Canadá.
“Teniendo en cuenta que durante varios años consecutivos José Leonidas Bustos ocupó una posición preponderante en el interior de la corporación, lo que habría llevado a otro magistrado en su misma situación a obrar atendiendo con el mayor rigor los axiomas de moralidad, decoro, probidad, honradez, honorabilidad y transparencia, entre otros valores que deben guiar la conducta de todos los servidores públicos”, concluyó el fallo, que pidió la captura inmediata del exmagistrado para que cumpla, de una vez por todas, la sentencia y resarza el grave daño causado a la corte que juró proteger y defender.