La muerte de Ian Alarcón, un menor de dos años de edad que falleció durante una jornada recreativa en el departamento del Valle del Cauca, ocurrió en el marco de una salida organizada por un jardín infantil de la ciudad de Cali hacia un predio campestre.
Tras lo sucedido, las autoridades competentes iniciaron la recolección de testimonios para establecer la responsabilidad de las encargadas del cuidado del grupo de estudiantes.
Los registros del caso indican que las docentes a cargo del grupo escolar tenían bajo su custodia a un aproximado de 18 menores de edad. La actividad se desarrolló el 9 de diciembre de 2024 en una finca ubicada en la jurisdicción del municipio de El Cerrito.
Durante la estancia de los alumnos en el establecimiento, el menor de edad ingresó a una piscina que no tenía los cerramientos de seguridad y falleció por ahogamiento.
Advertencias previas y desarrollo de la emergencia
La madre del menor, Sandra Villegas, expuso detalles de la secuencia de los hechos en una entrevista concedida al formato periodístico Testigo Directo.
Villegas manifestó que había realizado una inspección previa al predio y reportó a las docentes la falta de medidas de protección en la zona donde precisamente murió su hijo. Dicha alerta sobre el factor de riesgo fue respaldada por otra madre de familia que acompañó el proceso de verificación de las instalaciones.
En la fecha del suceso, la madre de la víctima se encontraba en el municipio de Palmira, “comprando los juguetes para regalarle de Navidad al niño”, pero esa actividad se vio interrumpida por una llamada, en la que “me dijeron que estaban reanimando a mi hijo”.
El reporte de la investigación indica que el menor fue trasladado de urgencia hacia el centro asistencial de El Cerrito por la docente encargada. La madre llegó al hospital local, donde el personal médico de turno confirmó el deceso del menor tras los intentos de estabilización.
Hasta el momento, la institución de primera infancia se ha mantenido al margen de las audiencias de imputación y del proceso penal en curso. De igual manera, las dos funcionarias implicadas en la supervisión de la jornada campestre se han abstenido de emitir declaraciones públicas sobre las circunstancias del hecho.
La defensa de las víctimas recopila evidencias adicionales para adjuntar al respectivo expediente judicial.
Determinaciones de la Fiscalía y acciones de la defensa
La Fiscalía General de la Nación formuló imputación por el delito de homicidio culposo, en calidad de coautoras, contra la docente de párvulos Lina Cuervo y su auxiliar Ingrid Daniela Sandoval.
El ente acusador estructuró un preacuerdo que contempla una pena de 26 meses de prisión y una sanción económica equivalente a 30 salarios mínimos mensuales. En el desarrollo de las diligencias judiciales, ninguna de las dos implicadas aceptó los cargos imputados.
La representación legal de la familia del menor, liderada por el abogado Andrés Ríos, manifestó el desacuerdo de los familiares con los términos de la resolución judicial. La defensa técnica argumenta que la tasación de la pena privativa de la libertad no se ajusta a los protocolos de seguridad que fueron omitidos durante la salida escolar.
Por este motivo, el equipo jurídico evalúa la presentación de recursos legales alternos ante los jueces de conocimiento.