“Ratificamos información grave de los computadores y celulares sobre relaciones del grupo con un general y una persona de la DNI. Así comprobamos que hay hechos muy graves asociados a alias Calarcá“. De esta forma, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, confirmó en las últimas horas la información sensible y comprometedora que se encontró en los computadores incautados a Alexander Díaz, alias Calarcá, jefe de una de las fracciones de las disidencias de las Farc.
En los computadores incautados a Calarcá el 23 de junio de 2024, cuando fue detenido en un retén del Ejército Nacional en las carreteras de Anorí, Antioquia, se halló este material, cuando se movilizaba en camionetas asignadas a la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Por medio de una polémica circular, la Fiscalía General ordenó dejar en libertad a los detenidos, asegurando que habían sido designados como gestores de paz por parte del Gobierno para la implementación del proyecto de la paz total.
Sin embargo, los elementos incautados quedaron en poder de la Fiscalía. Pese al nivel de los detenidos, la información no fue extraída ni verificada. Solamente un año después, cuando en un reportaje de Noticias Caracol se vislumbraron los nexos de las disidencias de alias Calarcá con oficiales del Ejército Nacional y funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el ente investigador procedió a revisarla.
En este punto fueron mencionados el general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal en el Ejército Nacional, y Wilmar Mejía, director de inteligencia de la DNI.
Estas dos personas habrían gestionado, desde sus cargos, acciones para favorecer a las disidencias de alias Calarcá, como la entrega de información privilegiada y reservada que les habría permitido anticiparse a operativos militares.
En otra información extraída, se hace mención a un misterioso empresario chino que visitó varias veces los campamentos de las disidencias en la zona del Catatumbo (Norte de Santander), así como en el Caquetá y el Sur de Bolívar.
Detrás de esta relación habría negocios de compra de armas, tráfico de oro ilegal e inversiones en empresas fachada de las disidencias de las Farc.
La información allí consignada revela además que alias Calarcá habría dado instrucciones para que sus hombres ejecutaran asesinatos de líderes sociales y políticos, así como el reclutamiento de menores de edad en el departamento del Guaviare.
Igualmente, se hace referencia a la orden que habría dado Calarcá para atacar a alias Chalá, uno de sus hombres de confianza, y quien habría hablado mal de él en uno de los campamentos.
El pasado 28 de marzo se estableció un punto de partida para reactivar la captura de alias Calarcá.
“Se definió una metodología de seguimiento al cumplimiento de los requisitos para el mantenimiento de la suspensión de las órdenes de captura en el marco de la Ley 2272 de 2022, en atención a los parámetros establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia C-525 de 2023”, señaló la Fiscalía al término de una reunión en la que participó el comisionado de paz, Otty Patiño.