El alcalde de Cartagena, William Dau, radicó una tutela contra la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento No. 4, por la vulneración a sus derechos al debido proceso y a la defensa, después de que no se expidió el documento del fallo que lo destituyó e inhabilitó por 12 años, tras utilizar su cargo para participar en actividad y controversias políticas durante las elecciones de 2022.

Dau acudió al abogado Simón Hernández para presentar este recurso en el que detallaron que la Procuraduría ha sido “reiteradamente renuente en expedir y remitir el documento escrito que contiene el fallo de primera instancia proferido en contra” del entonces alcalde de Cartagena, en Bolívar.

El pasado 1.º de noviembre la Procuraduría confirmó, a través de un comunicado, la nueva sanción contra William Dau por intervenir en controversias políticas, manifestando su respaldo, a través de un audio difundido por WhatsApp, en favor de dos candidatas que aspiraban al Congreso, una conducta prohibida para los servidores públicos.

El ente de control aclaró que, aunque el contenido de la conversación sería privado, “adquiere un carácter político claro, pues el entonces alcalde de Cartagena expresó afinidad y respaldo hacia candidatas identificadas con una coalición específica, en un momento inmediatamente anterior a las elecciones legislativas de 2022”.

Simón Hernández, abogado. | Foto: Simón Hernández, abogado de William Dau.

Sin embargo, el abogado Hernández expuso que, tras conocer la decisión, ha solicitado en reiteradas ocasiones la copia formal y escrita de la decisión disciplinaria, para poder ejercer su derecho a la defensa y sustentar en debida forma el recurso de apelación contra la sanción.

“La Procuraduría Delegada se ha limitado a remitir nuevamente el acta de audiencia o los registros audiovisuales de la diligencia, sin entregar el fallo por escrito, incumpliendo así su obligación legal y generando una afectación directa a las garantías procesales de mi prohijado”, detalló el defensor del exalcalde.

En la tutela se destacó que el artículo 231 de la Ley 1952 de 2019 dispuso que “el fallo debe constar por escrito”, pero hasta el momento la Procuraduría no ha entregado ningún documento y “ha mantenido una conducta omisiva y renuente”, según Simón Hernández.

Con la tutela se busca que se protejan los derechos fundamentales de Dau al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia, en este nuevo caso que vuelve a dejar una sanción disciplinaria contra el exalcalde de la ciudad amurallada.