El nuevo ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, decretó su primera medida al frente de esa cartera al decidir suspender temporalmente la celebración de nuevos contratos, las prórrogas y modificaciones de acuerdos vigentes, así como varias decisiones relacionadas con la vinculación de personal. La medida comenzó a regir el 7 de agosto y estará vigente hasta el próximo 20 de agosto.
La medida, tomada a través de una circular interna, está dirigida a viceministros, la Secretaría General, directores, subdirectores, jefes de oficina, asesores, coordinadores y demás funcionarios con facultades para adelantar procesos de contratación o vinculación de personal dentro de la cartera.
Durante ese periodo quedará suspendida la celebración de nuevos contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. La restricción también cobija cualquier contrato que implique compromisos presupuestales para el Ministerio del Interior, independientemente de su modalidad o naturaleza.
La orden se extiende a los contratos que ya se encuentran vigentes. Hasta el 20 de agosto no podrán aprobarse prórrogas, adiciones, modificaciones ni otras actuaciones que impliquen extender, mantener o cambiar las condiciones de esos acuerdos, incluidos los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión.
En materia de personal, la circular establece un control adicional. La provisión de empleos, nombramientos, encargos, comisiones o cualquier otra modalidad de vinculación o designación deberá contar previamente con la aprobación expresa del ministro del Interior. En consecuencia, ninguna dependencia podrá formalizar o ejecutar ese tipo de decisiones durante el periodo establecido sin autorización del despacho de Lara.
La suspensión, sin embargo, contempla excepciones. Podrán continuar los trámites que sean estrictamente necesarios para garantizar la prestación del servicio público, cumplir obligaciones legales u órdenes judiciales o atender situaciones de urgencia manifiesta. También estarán exceptuadas las actuaciones cuya suspensión pueda afectar el funcionamiento esencial de la entidad, aunque estos casos deberán ser informados y sometidos a consideración del ministro.
La circular ordena, además, que las diferentes dependencias lleven un registro consolidado de todas las solicitudes de autorización presentadas durante estos días, incluidas las relacionadas con prórrogas contractuales.
La decisión busca revisar temporalmente compromisos contractuales y movimientos de personal durante la transición institucional, en especial porque en los últimos días del Gobierno Petro se conocieron casos de contrataciones de última hora, tanto de personal como de diferentes proyectos y servicios.
De hecho, la Contraloría contabilizó 14.414 contratos suscritos entre el 22 de junio y el 21 de julio, el 22,5 % más que en un periodo comparable cuatro años atrás. Las alertas incluyeron un proceso de la UNP por más de $78.000 millones, más de 1.000 contrataciones directas en la Agencia Nacional de Tierras y nombramientos diplomáticos realizados por la Cancillería pocas semanas antes del cambio de mando. Incluso el Dapre declaró hábiles varios sábados, domingos y el festivo del 20 de julio para adelantar procesos contractuales, decisión que posteriormente fue suspendida de manera provisional por el Consejo de Estado.