Este lunes 11 de mayo, el Juzgado 35 de control de garantías ordenó la libertad inmediata para la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, procesada por el escándalo de corrupción que permeó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El juzgado avaló los argumentos presentados por la defensa de la exfuncionaria, que reclamó que después de 400 días de la radicación del escrito de acusación hasta la fecha no ha iniciado la etapa de juicio.
En este sentido, se advirtió que las reprogramaciones de las audiencias preparatorias de juicio se han presentado, en algunos casos, “por motivos de fuerza mayor” o temas ajenos a la defensa de la procesada.
Por ello, rechazó los argumentos del fiscal, quien señalaba que se estaban realizando maniobras dilatorias constantes y sistemáticas por parte de la exfuncionaria, quien se encontraba privada de su libertad en la Escuela de Carabineros de la Policía desde el 18 de diciembre de 2024.
“Al restarle a 473 días los 144 días señalados, nos da un guarismo de los 329 días, término que está evidentemente por encima de los 240 días que da la causal del artículo 377 del Código de Procedimiento Penal”, reseñó el juez de control de garantías en la audiencia que se extendió por tres horas.
“En efecto, el término está ampliamente superado conforme a las observaciones hechas por este operador judicial; en consecuencia, el juzgado accede positivamente a las pretensiones de la defensa y ordena la libertad inmediata de la ciudadana Sandra Ortiz”, concluyó.
La Fiscalía General acusó a la exconsejera presidencial para las regiones por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.
Bloqueos de la Fiscalía
El pasado viernes 8 de mayo, en una extensa intervención ante el juzgado, Sandra Ortiz manifestó que, en muchas oportunidades, la Fiscalía General se ha opuesto y ha presentado barreras para la recaudación de pruebas documentales, testimoniales y técnicas.
“Las pruebas que estamos esperando son importantes, son contundentes, porque nosotros no vamos a llegar con un océano de pruebas porque son demasiadas. Pero las pruebas que vamos a llevar son contundentes, créame que nosotros tenemos que presentarlas ante un juez de control de garantías porque las necesitamos”, explicó.
Los hechos tienen que ver directamente con el plan para sobornar, en el segundo semestre de 2023, a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente, con el fin de que convocaran sesiones para votar proyectos y reformas presentadas por el Gobierno Petro.
Para la Fiscalía General, la entonces funcionaria habría dado instrucciones precisas para la recolección y el traslado del dinero en efectivo a los domicilios de los dos congresistas.
En este plan, habría hablado varias veces con el entonces subdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, para que se dirigiera a Residencias Tequendama con el fin de contar el dinero, llenar unas maletas y trasladarlas en las camionetas de la Unidad Nacional de Protección.
En los próximos días, se deberá resolver la recusación que presentó la defensa de la exconsejera presidencial en contra de la jueza especializada de Bogotá que lleva el caso. Esto, al considerarse que no le ofrece las garantías.