La magistrada Paola Meneses, quien suena para llegar a la presidencia de la Corte Constitucional, presentó un impedimento a sus colegas de la Sala Plena para participar en la discusión sobre el decreto que adopta medidas tributarias a partir de la declaratoria de emergencia económica.
En un documento de dos páginas, Meneses explicó que presentó ese recurso porque “considero que, en atención al contenido y al alcance de los tributos citados, en el presente asunto podría configurarse la causal de impedimento ‘tener interés en la decisión’, prevista en el artículo 25 del Decreto 2067 de 1991″.
La magistrada detalló en su impedimento que su esposo, Luis Fernando Lizcano Zea, es el actual jefe jurídico administrativo y de servicios de Ecopetrol S. A., la empresa más grande de Colombia que deberá pagar el impuesto especial que expidió el Gobierno Petro para la estabilidad fiscal.
El impedimento de la togada se dio específicamente para el caso del decreto 1474 de 2025, el cual adoptó medidas tributarias para atender los gastos del Presupuesto General de la Nación para hacerle frente a la declaratoria de emergencia económica.
El artículo 8 de ese decreto creó un impuesto especial para la estabilidad fiscal que grava la extracción de hidrocarburos y carbón en todo el territorio nacional, a partir de unas partidas arancelarias que se establecen al momento de la primera venta o la exportación.
Dicha partida corresponde al sector de aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso, en el que se encuentra Ecopetrol; por esa situación es que la magistrada Paola Meneses tuvo que declararse impedida ante sus colegas de la Sala Plena.
“En ejercicio de las funciones de su cargo, mi cónyuge actualmente presta asesoría jurídica y emite conceptos sobre los contratos de la empresa. Esto incluye la evaluación de los impactos que pueden acarrear tributos, tales como los que el Decreto Legislativo 1474 de 2025 creó”, manifestó Meneses.
La magistrada expresó que su causal de impedimento podría tener interés especial, al tener en cuenta que el decreto impacta en las funciones de las cuales su esposo asesora en Ecopetrol; también podría ser personal, pues las decisiones de la Corte influirán en la actividad de la empresa y es actual porque las labores de su esposo coinciden con el estudio del decreto.
Los magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional analizarán el impedimento presentado por la magistrada Paola Meneses, para tomar una decisión de fondo si puede participar en la discusión de ese decreto, pese a que su esposo trabaja en un sector que sentirá los efectos de esa directriz que hoy estudia el alto tribunal.