Rosa Dory Chaparro, la jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Hacienda, fue la encargada de enviarle a la Corte Constitucional la carta que se juega el Gobierno del presidente Gustavo Petro para evitar que se suspenda de manera provisional el decreto que declaró la emergencia económica en Colombia.
En un documento de cinco páginas que llegó al despacho del magistrado Carlos Camargo, ponente a cargo del control constitucional sobre esa resolución, la jefe jurídica del MinHacienda expuso que los argumentos de peso detrás de esa decisión son “en especial por razones constitucionales y humanitarias”.
Por eso, el Gobierno presentó un cuadro detallado para demostrar los miles de millones de pesos que se destinan en entidades como el Instituto Nacional y Penitenciario (Inpec) por temas como muertes de reclusos causadas por otro preso, lesión de reclusos, muertes derivadas por prestación de servicio de salud, entre otros.
Así mismo, expuso el Ministerio de Hacienda que, por desplazamientos forzados, lesiones accidentales, ejecuciones extrajudiciales, muertes de civiles y el reconocimiento salarial a soldados profesionales, el Ministerio de Defensa y la Policía destinan una gran cantidad de dinero que podría terminar generando un impacto fiscal en las finanzas del país.
Las consideraciones de Chaparro también destacaron que “frente al pasivo cierto por concepto de sentencias y conciliaciones, la entidad ha advertido el ascenso de la deuda judicial de la Nación reportada en el sistema CHIP de la Contaduría General de la Nación y que asciende para el tercer trimestre del 2025 a los $ 17,26 billones, en relación con los 16,41 billones reportados como cuentas por pagar para el segundo trimestre de 2025“.
El Ministerio de Hacienda explicó que casi el 87 % de ese valor se concentra en 12 entidades, principalmente el Ministerio de Hacienda, la Agencia Nacional de Infraestructura y la Policía Nacional.
Además, el análisis del pasivo judicial entre 2020 y 2025 dejó en evidencia una reconfiguración en su composición interna. Pues, mientras las sentencias se mantienen como componente principal, los intereses de esas decisiones experimentaron un aumento acelerado, pasando del 8,5 % para el tercer trimestre de 2021 al 26,1 % en el tercer trimestre de 2025.
“Este cambio sugiere un atraso estructural en el pago de las obligaciones principales, en el que el capital de las sentencias no se cancela con la oportunidad requerida, lo que deriva en una acumulación creciente de intereses”, dice el documento que entrará a analizar el magistrado Camargo.
Ese análisis sobre el último trimestre de 2025 dejó como resultado que las sentencias siguen siendo un concepto predominante, seguido de intereses de sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales.
Para el MinHacienda, “la insuficiencia de recursos y la situación de caja actual, tal y como lo ha señalado el Gobierno Nacional en los considerandos del Decreto Legislativo 1390 de 2025, declaratorio de la emergencia económica y social, hace imperativo aumentar el recaudo”.
Los argumentos a la Corte Constitucional finalizaron advirtiendo que cualquier incumplimiento en el pago de condenas y conciliaciones termina afectando derechos fundamentales de población vulnerable. Ahora el balón está en la cancha del magistrado Carlos Camargo, quien solicitó la suspensión del decreto.