La preocupación por una eventual crisis energética entre 2027 y 2028 dejó de ser una discusión exclusiva de expertos y empresarios del sector eléctrico para convertirse en una prioridad de la agenda política de Bogotá.
Mientras diferentes organismos han advertido sobre el riesgo de una estrechez en el sistema, el Distrito encendió sus propias alarmas y puso el tema entre los asuntos más urgentes que buscará destrabar con el Gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella.
La advertencia más contundente la hizo el secretario general de la Alcaldía de Bogotá, Miguel Silva, quien aseguró en SEMANA que la infraestructura de transmisión eléctrica será uno de los primeros temas que la administración de Carlos Fernando Galán llevará a la mesa con el nuevo Gobierno.
“Otros temas, no menos importantes y también urgentes, son las líneas de transmisión de energía eléctrica. Es un asunto fundamental para Bogotá y allí fue donde perdimos tiempo”, afirmó el funcionario.
No se trata de una preocupación menor. Bogotá concentra cerca de una cuarta parte de la actividad económica del país, el 25 por ciento del PIB, y cualquier afectación en el suministro eléctrico tendría repercusiones mucho más allá de las fronteras de la capital.
Por eso Silva lanzó una frase que resume la dimensión del problema: “Si Bogotá se apaga, se apaga una parte muy importante de la economía del país. Ese riesgo siempre debe estar presente”.
Más alertas
Las declaraciones del secretario coinciden con una serie de alertas que durante los últimos meses han emitido operadores del sistema, empresarios y entidades del sector energético sobre el retraso en proyectos de infraestructura considerados estratégicos para garantizar el abastecimiento de energía en los próximos años.
Ese panorama quedó plasmado en una carta enviada el pasado 22 de julio por el presidente del Grupo Energía Bogotá, Juan Ricardo Ortega, al presidente electo. El directivo advirtió que el país enfrenta un momento decisivo y sostuvo que la seguridad energética no puede seguir viéndose como un asunto exclusivo del sector minero-energético, sino como un factor determinante para la competitividad, la inversión y el bienestar de millones de colombianos.
Ortega acompañó esa advertencia con cifras que reflejan la magnitud de la crisis que se podría avecinar. Según sus cálculos, apenas ha entrado en operación el 7,4 por ciento de la capacidad de generación prevista para este año; cerca del 60 por ciento de los proyectos de transmisión presentan retrasos, mientras más de 10,2 gigavatios de capacidad permanecen represados.
A ello se suma que, entre abril y junio de este año, el operador XM tuvo que emitir 165 instrucciones de desconexión de carga para preservar la estabilidad del sistema eléctrico nacional.
Aunque esas cifras corresponden al panorama nacional, Bogotá aparece como una de las ciudades más expuestas por el crecimiento de su demanda energética y por la dependencia de obras de transmisión que todavía no han entrado en operación.
En la carta, Ortega insistió en que la verdadera discusión no es únicamente producir más energía: “Sin redes de transmisión, la generación de energía pierde valor; sin gas natural, el sistema pierde confiabilidad”.
Ese diagnóstico coincide con el que hoy hace la Alcaldía: el problema no radica únicamente en la disponibilidad de energía, sino en los retrasos acumulados en la infraestructura que permitirá garantizar el abastecimiento de la ciudad.
“Perdimos tiempo”
Miguel Silva sostiene que una parte importante de los retrasos obedece a decisiones que no se adoptaron durante el Gobierno Petro: “También perdimos tiempo en la discusión sobre la soberanía energética, un tema crítico porque Bogotá podría enfrentar riesgos importantes en el corto y mediano plazo si no se fortalecen esos proyectos”.
Por esa razón, la administración local decidió incluir la seguridad energética dentro de los principales asuntos que espera abordar con De La Espriella. La expectativa del Distrito es que exista una coordinación más estrecha para acelerar las decisiones que permitan destrabar la infraestructura de transmisión que requiere la capital.
Para Bogotá, el desafío tiene un componente adicional. La ciudad no produce la energía que consume y depende de una red nacional capaz de responder al crecimiento de la demanda. Cualquier retraso en la expansión de esa infraestructura aumenta la vulnerabilidad de la capital frente a fenómenos climáticos, contingencias operativas o mayores necesidades de consumo.
Las alertas emitidas por XM, las advertencias públicas del Grupo Energía Bogotá y las preocupaciones expresadas ahora por el Distrito coinciden en un mismo mensaje: el margen para actuar se reduce.