El Decreto 1166, expedido el pasado 4 de noviembre por el Gobierno Nacional, desató preocupación en el sector vivienda al eliminar la exigencia de licencia de construcción en los programas de mejoramiento, autoconstrucción y construcción en sitio propio.
La medida, impulsada por el Ministerio de Vivienda bajo el modelo de “autogestión”, permite que los proyectos se realicen únicamente con una carta de responsabilidad firmada por un arquitecto o ingeniero y un registro ante las autoridades locales.
De acuerdo con la concejal Sandra Forero, la decisión representa “un retroceso institucional” que pone en riesgo la seguridad de miles de familias vulnerables.
“Eliminar la licencia de construcción en proyectos financiados con recursos públicos es una política sin seguridad jurídica, técnica ni urbanística”, advirtió la cabildante, al señalar que la norma desmantela los controles que garantizan la estabilidad estructural de las viviendas.
El Plan Nacional de Desarrollo contempla la ejecución de 400.000 mejoramientos de vivienda, de los cuales menos de 50.000 han sido entregados. Cada subsidio puede alcanzar los 31,3 millones de pesos, equivalentes a 22 salarios mínimos, lo que implicaría una inversión pública cercana a los 12,5 billones de pesos sin requerir licencia de construcción.
Aunque el decreto ordena al ministerio implementar en los próximos seis meses una estrategia de capacitación y certificación para los profesionales del sector, la norma entró en vigencia de inmediato. Para Forero, esto evidencia que el Gobierno avanzó con la medida pese a conocer los riesgos.
“Este decreto desmantela la institucionalidad del sector vivienda. Es el peor gasto fiscal y el mayor riesgo técnico, urbanístico y social para un país con casi cinco millones de hogares en déficit habitacional”, concluyó la concejal.