En la madrugada del 3 de noviembre de 2025, la Policía Nacional intervino en un apartamento de la comuna 3 de Soacha y rescató a una mujer y a su hija, mientras un hombre las retenía y amenazaba a la menor con un arma corto-punzante. El agresor fue detenido en flagrancia y trasladado a un centro médico; luego quedó a disposición de la Fiscalía.
Los uniformados atendieron un llamado de auxilio hacia la medianoche que alertaba sobre la presunta retención ilegal de la pareja y su hija al interior del conjunto residencial. Tras varias horas de intentos de diálogo que no surtieron efecto, la Policía decidió ingresar al inmueble por una ventana ante el riesgo por la vida de las víctimas.
Al momento del ingreso, los agentes encontraron al agresor —identificado por las autoridades como Camilo Guerra Peña— apuntando a la niña con un arma cortopunzante. Según la Policía, el hombre se abalanzó contra el personal policial, por lo que un agente hizo uso de su arma de dotación para neutralizar la agresión y garantizar la seguridad de la menor y de la mujer.
En uno de los pronunciamientos de la Policía se puntualizó que la niña tendría 3 años. La madre de la menor quedó bajo atención especializada y se activó la ruta de atención integral correspondiente.
Tras ser capturado, el hombre recibió primeros auxilios en el lugar y fue trasladado al Hospital Luis Carlos Galán. Posteriormente, la captura en flagrancia fue formalizada y el detenido quedó a disposición de la Fiscalía URI de Soacha para el proceso de judicialización. Además, se le imputaron delitos relacionados con violencia intrafamiliar y violencia contra servidor público.
La operación contó con el apoyo de unidades especializadas: el Grupo de Infancia y Adolescencia (GINAD), el GOES y el Cuerpo de Bomberos. Los entes encargados subrayaron la coordinación interinstitucional durante el procedimiento y afirmaron que la actuación se realizó en el marco de actividades conmemorativas por la eliminación de la violencia contra la mujer y la protección de la niñez y adolescencia.
La versión institucional describió el procedimiento como una actuación necesaria ante un peligro inminente para una menor de edad. También se explicó que el uso del arma por parte del policía se hizo en defensa propia y con la finalidad de proteger la vida de la niña, y que dicha actuación se ajustó a protocolos sobre el uso legítimo y proporcional de la fuerza. Las autoridades informaron además que se restablecieron los derechos de la menor y que la madre recibe acompañamiento psicosocial.