En varias regiones del suroccidente colombiano se está viviendo una situación tan grave como silenciosa: decenas de alcaldes se encuentran desplazados de sus municipios, despachando desde la clandestinidad o desde otras ciudades por miedo a ser asesinados por los grupos armados ilegales que controlan sus territorios.
Los más afectados son los mandatarios locales del Cauca, Putumayo y Nariño, donde el dominio de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco y alias Calarcá, y las estructuras del ELN han convertido a las alcaldías en objetivos militares.
SEMANA conoció que, en algunos municipios, los burgomaestres no pisan su despacho desde hace semanas por temor a un atentado, mientras que en otros casos han debido salir escoltados en operaciones discretas del Ejército y la Policía.
La situación más crítica se vive en el Cauca, donde la guerra se ha recrudecido en los últimos meses. En esa región, los hombres de Mordisco imponen su ley con asesinatos, masacres y atentados. El pasado fin de semana, el municipio de Suárez fue escenario de un ataque que dejó dos personas muertas, varios heridos y cuantiosos daños materiales.
“Le estamos pidiendo a la UNP una revisión de nuestros esquemas de seguridad”, le confirmó a SEMANA el alcalde de Suárez, César Cerón. Su municipio, enclavado en una de las zonas más golpeadas por las disidencias, se ha convertido en un punto de control estratégico para el tráfico de armas, cocaína y precursores químicos.
SEMANA conoció que los alcaldes cuentan, en promedio, con apenas dos hombres de protección asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP). Dos escoltas con armas cortas enfrentados a grupos criminales que tienen cientos de hombres, fusiles de largo alcance, explosivos, minas antipersona y drones artillados. En la práctica, los esquemas de seguridad resultan simbólicos frente al poder de fuego de los grupos ilegales.
“Estamos solos”, dice uno de los mandatarios que pidió reserva de su nombre por seguridad. “Aquí la presencia del Estado es nula, el Ejército no puede entrar a muchas veredas, la Policía no tiene control en los cascos urbanos, y nosotros, los alcaldes, somos el blanco más visible”.
El miedo es tal que muchos mandatarios han optado por no denunciar públicamente la situación. SEMANA también conoció que existe una red de comunicación informal entre los alcaldes amenazados del Cauca, Nariño y Putumayo, quienes se alertan entre sí cuando detectan movimientos de las disidencias o reciben mensajes de intimidación. “Si hablamos y denunciamos nuestra situación, la represalia es contra nuestros familiares que están en el territorio”, confesó uno de los alcaldes desplazados.
El caso de Miranda, en el norte del Cauca, es una muestra del riesgo que enfrentan. Allí, el hijo del exalcalde Samuel Londoño fue secuestrado durante diez días por el frente disidente Dagoberto Ramos, que exigía silencio y colaboración. En ese mismo municipio, actualmente, está secuestrado el empresario Carlos Caicedo, esposo de la secretaria de Gobierno, Isabel Cristina Cardona.
La presión de los grupos ilegales no solo pretende intimidar a las autoridades locales, sino también controlar los recursos del Estado. Las disidencias han empezado a imponer “cuotas” sobre contratos de obras públicas, programas sociales y proyectos productivos financiados con dineros del Gobierno nacional.
“Ellos saben cuándo llega la plata, cuánto es el presupuesto y a qué contratista se lo entregaron. Si no pagan, los amenazan o los sacan del pueblo”, relató un funcionario de la región. En el Putumayo, alias Calarcá ha consolidado un dominio casi absoluto sobre varios municipios. Los alcaldes de esas zonas viven desplazados en Mocoa o Pasto, mientras que en sus territorios el control lo ejercen las disidencias, que patrullan las calles y administran justicia a su manera.
“Hay localidades donde el himno que se escucha en los actos públicos no es el de Colombia, sino el de las antiguas Farc”, le reveló una fuente de inteligencia militar a SEMANA.
A pesar de la gravedad del panorama, la respuesta del Estado ha sido débil. Los alcaldes han enviado múltiples cartas al Ministerio del Interior y a la UNP pidiendo refuerzos de seguridad, pero la mayoría no ha tenido respuesta. En algunos casos, incluso se les ha retirado parte de su esquema de protección bajo el argumento de que “no existe un riesgo inminente”.
Mientras tanto, los grupos armados expanden su dominio. Las disidencias de Iván Mordisco, según información de inteligencia conocida por SEMANA, han logrado articular una red de más de 3.000 hombres armados, que operan entre el Cauca, el Caquetá y el Putumayo. Su estructura cuenta con francotiradores, francas rutas de narcotráfico y laboratorios de cocaína que financian la expansión.
El control de estos grupos sobre los municipios no solo es militar, sino también político. SEMANA conoció que, en las elecciones de 2023, varias candidaturas locales recibieron presiones o vetos directos de las disidencias, que impusieron a sus aliados o prohibieron hacer campaña en zonas completas. Hoy esos mismos alcaldes elegidos bajo amenazas viven confinados o desplazados. La crisis humanitaria y política en el suroccidente se agrava cada semana. Los habitantes, atrapados entre la violencia y el abandono estatal.