Lo ocurrido en el sector El Túnel, en jurisdicción de Cajibío, dejó una de las escenas más sangrientas del año, con al menos 20 personas muertas y más de 30 heridas, y abrió un flanco crítico contra el Ejército Nacional.
La secuencia de los hechos, un retén ilegal que se prolongó durante cerca de una hora, seguido de un atentado con explosivos en plena vía Panamericana, tiene hoy a la institución como centro de cuestionamientos por su capacidad de reacción, la efectividad de su inteligencia y el control real del territorio en el suroccidente del país.
Las primeras reconstrucciones indican que hombres armados de las disidencias de las Farc, bajo el mando de Iván Mordisco, instalaron un retén ilegal a escasos 20 minutos de Popayán. Durante ese tiempo, según múltiples testimonios, detuvieron vehículos, interrogaron a conductores y ejercieron control total sobre la vía sin una intervención inmediata de la fuerza pública.
“Eso fue a plena luz del día. Paraban carros, revisaban documentos, preguntaban cosas. No fue algo rápido. Duraron bastante tiempo y nadie llegó”, relató un transportador que transitó por la zona y que pidió reserva de su identidad por seguridad.
Minutos después, cuando la situación escaló, se produjo la explosión que terminó en tragedia. La carga detonada impactó principalmente a civiles que transitaban por el corredor vial, dejando un saldo devastador que hoy enluta a decenas de familias.
La gravedad del hecho no tardó en trasladarse al terreno político. La candidata a la vicepresidencia Aida Quilcué lanzó uno de los cuestionamientos más duros contra la fuerza pública. “Yo me pregunto qué pasa con la inteligencia militar, ¿qué pasa? Porque estaban a un kilómetro. Primero, no intervienen en la bomba que ocurre y, segundo, no capturan a nadie”, afirmó.
Sus palabras reflejan una inquietud que se repite en la región: cómo un grupo armado logra instalar un retén durante tanto tiempo en una de las vías más importantes del país sin una reacción oportuna.
Fuentes locales consultadas por este medio coinciden en que el atentado fue la manifestación más visible de un fenómeno que viene creciendo. “Aquí los grupos armados hacen presencia permanente. Ellos deciden cuándo se puede pasar, cuándo no. Eso no es nuevo, lo que pasa es que ahora explotó de la peor manera”, dijo un líder comunitario.
Otra fuente, con conocimiento de dinámicas de seguridad en el Cauca, fue más directa: “Lo de Cajibío demuestra que hay zonas donde el Estado no tiene control efectivo. Los grupos ilegales no solo están, sino que planifican operaciones complejas sin ser detectados a tiempo”.
El señalamiento más delicado apunta a la inteligencia militar. Un analista consultado bajo anonimato aseguró que “si hubo información previa, no se tradujo en una acción preventiva eficaz. Y si no la hubo, el problema es aún más grave”.
En respuesta a la avalancha de críticas, el Ejército, mediante el brigadier general Diego Jaramillo Muñoz, comandante de la Vigésima Novena Brigada, defendió la actuación de las tropas y rechazó que haya existido demora o fallas.
“No hubo demora operacional”, aseguró el oficial, quien explicó que desde el momento en que se tuvo conocimiento del retén ilegal se activaron los protocolos militares. Según detalló, la presencia de los disidentes formaba parte de una maniobra de engaño para atraer a las tropas a una zona previamente minada.
De acuerdo con su versión, el avance militar estuvo condicionado por la necesidad de realizar verificaciones técnicas ante la posible presencia de explosivos. “Una reacción apresurada puede poner en riesgo a la población civil y a nuestros soldados”, indicó.
El general reveló que durante el desplazamiento se detectó un vehículo cargado con explosivos que habría sido activado al paso de las tropas, lo que confirmaría la existencia de un plan para generar un ataque de mayor escala contra la fuerza pública.
Sin embargo, en medio del enfrentamiento, uno de los integrantes del grupo armado activó una carga explosiva que terminó afectando directamente a la población civil. “Nuestra prioridad fue contener la amenaza, proteger a la comunidad y evitar consecuencias aún más graves”, sostuvo.
El oficial también defendió la labor de inteligencia. “No se presentaron fallas. Contamos con información oportuna que ha permitido anticipar múltiples acciones de este grupo”, afirmó, al tiempo que explicó que las disidencias han intensificado el uso de tácticas más complejas, incluyendo engaños y zonas de aniquilamiento con explosivos.
Pese a ello, el hecho de que no se registraran capturas ni bajas tras el atentado ha alimentado las dudas. “La prioridad fue atender la emergencia y auxiliar a las víctimas”, explicó el general, quien añadió que varios de los responsables lograron huir camuflados entre la población civil.
Esa explicación no convence del todo a expertos en seguridad. Un exintegrante de la fuerza pública consultado señaló que “es entendible que se priorice la vida, pero lo ocurrido evidencia que los grupos armados tienen iniciativa táctica y capacidad de escape en zonas donde debería haber mayor control”.
El atentado también reveló un patrón que preocupa a las comunidades: la presencia temporal de la fuerza pública. “Llegan, hacen operativos, se van y todo vuelve a lo mismo. La gente queda en medio”, afirmó un habitante de la zona rural.
En paralelo, sectores políticos han advertido que lo ocurrido en Cajibío es una señal del fortalecimiento de las disidencias en el suroccidente, particularmente en corredores estratégicos como la vía Panamericana, clave para la movilidad y la economía del país.
“El Cauca está en una situación crítica. Aquí no es solo un atentado, es un control progresivo del territorio por parte de grupos armados ilegales”, dijo una fuente política bajo reserva.
El episodio también reabre el debate sobre la estrategia de seguridad del Estado en regiones históricamente golpeadas por el conflicto. Mientras el Ejército insiste en que su actuación evitó una tragedia mayor, los cuestionamientos apuntan a la necesidad de revisar la capacidad de anticipación, la articulación de inteligencia y la presencia sostenida en el territorio.
Entre tanto, en Cajibío, el impacto del atentado sigue latente. Las familias de las víctimas exigen respuestas, mientras la comunidad enfrenta el temor de que hechos similares se repitan. “Aquí nadie se siente seguro. Lo que pasó fue muy grave, pero lo peor es que puede volver a pasar”, dijo un habitante.
La masacre deja un saldo de muerte y dolor, así como la gran pregunta incómoda que aún no tiene respuesta clara: ¿cómo, en una zona estratégica del país, un grupo armado logró ejecutar una operación de esa magnitud sin ser neutralizado a tiempo?