El tránsito por la vía Panamericana, a la altura del sector Céfiro en el municipio de Rosas, continúa completamente suspendido por segundo día consecutivo. La protesta, protagonizada por comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes del Macizo Colombiano, mantiene aislado al sur del Cauca y afecta la conexión con el departamento de Nariño y el resto del país.
Según Víctor Collazos, vocero de la movilización, se han adelantado conversaciones iniciales con el Gobierno, pero los avances son limitados. “Estamos a la espera de respuestas concretas al pliego de peticiones. La decisión sobre el desbloqueo dependerá de cómo se desarrollen las negociaciones”, explicó.
La secretaria de Gobierno del Cauca, Maribel Perafán, informó que este miércoles 15 de octubre se instalará una mesa de diálogo en el departamento, mientras una delegación de las comunidades se encuentra en Bogotá gestionando acuerdos con representantes del Ejecutivo. “La prioridad es mantener un diálogo continuo y evitar que la vía siga bloqueada. No obstante, si los consensos no prosperan, podríamos recurrir al uso de la fuerza pública para restablecer la movilidad”, advirtió la funcionaria.
Los gremios productivos de Cauca y Nariño han alertado sobre el impacto económico que genera el nuevo cierre de la Panamericana. Ana Fernanda Muñoz, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio del Cauca, recordó que “en lo corrido del año ya se han registrado más de 50 bloqueos en distintos puntos del departamento”. Según Muñoz, estas interrupciones desalientan la inversión, afectan la competitividad y abren espacio a la ilegalidad.
Por su parte, la Asociación de Restaurantes del Cauca (Arcau) advirtió en un comunicado que cada cierre de la carretera representa pérdidas incalculables para cientos de pequeños empresarios. “El Cauca necesita carreteras transitables, no bloqueadas. La gastronomía y el turismo regional dependen de ello”, señaló el gremio, pidiendo al Gobierno publicar los compromisos pendientes de anteriores acuerdos.
El general Hernando Africano, comandante de la Tercera División del Ejército, denunció que integrantes del ELN estarían intimidando a comunidades que participan en la movilización. “Hemos recibido reportes de presencia de hombres armados en veredas cercanas, presionando a los líderes para mantener el paro”, dijo el oficial.
La secretaria Perafán confirmó que la Gobernación también ha recibido denuncias de presiones por parte de grupos ilegales. “Los líderes comunales de municipios como Bolívar han manifestado que no se dejarán manipular. Rechazamos cualquier tipo de coacción”, enfatizó.
El Ejército Nacional reforzó la vigilancia entre los sectores de El Ortigal y el Puente del Mayo, con el fin de garantizar la seguridad en el corredor vial. “La Panamericana está custodiada y articulamos acciones con los gobernadores de Cauca y Nariño para evitar alteraciones del orden público”, aseguró Perafán.
Los manifestantes exigen mayor inversión en el campo, reconocimiento jurídico de la población campesina y cumplimiento de los compromisos firmados en movilizaciones pasadas. “No pedimos subsidios, pedimos condiciones para producir”, expresaron los líderes rurales.
Entre las demandas también figura la situación de las familias afectadas por el deslizamiento ocurrido en Rosas en 2023, quienes reclaman la falta de avances en los procesos de reubicación y restitución de tierras. “Llevamos más de un año esperando una respuesta. Seguimos en albergues sin soluciones reales”, denunció una de las voceras desde el punto de bloqueo.
La secretaria Perafán rechazó, además, los recientes hechos violentos en el norte del Cauca, entre ellos el ataque con explosivos contra el Hospital Niña María de Caloto el pasado 11 de octubre. El artefacto estalló en medio de un hostigamiento armado que causó daños graves a la infraestructura y generó pánico entre pacientes y personal médico.
Aunque no hubo víctimas mortales, el atentado dejó varios heridos leves y afectaciones materiales significativas. “No podemos permitir que los profesionales de la salud ni los niños sigan siendo víctimas de la violencia”, concluyó la funcionaria.