La aparición de un testigo de donde menos esperaba el quinterismo revolcó las entrañas de esa casa política en Antioquia y tiene a uno de los Quintero Calle a puertas de la cárcel.
El médico Misael Cadavid decidió colaborar con la Fiscalía, firmó un principio de oportunidad para que el ente acusador cese cualquier persecución jurídica en su contra y entregó detalles del entramado de posible corrupción en el que salpicó a Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín. Cadavid está hoy fuera del país.
Con esa información, la Fiscalía pidió pista a un juez de control de garantías para imputar a Miguel Quintero Calle, a Álvaro Alonso Villada, a Vanesa Álvarez Restrepo y a Sebastián de Dios Ortega y solicitar que sean enviados a la cárcel.
La diligencia había sido fijada para el lunes 3 de agosto y había puesto al alto equipo jurídico de Miguel Quintero Calle a preparar su defensa, pero este jueves fue reprogramada por petición de la fiscal del caso para el 25 de agosto.
La Fiscalía ha mantenido bajo estricto recelo la información entregada por Cadavid. Sin embargo, SEMANA conoció apartes de las explosivas declaraciones del antiguo jefe de bomberos de Itagüí, quien fue señalado en su momento de favorecerse de los contratos presuntamente amañados en el Área Metropolitana para impulsar su carrera como representante a la Cámara por Antioquia, con el aval de Cambio Radical.
En manos del ente acusador está la versión de este testigo que indica que Miguel Quintero Calle, al parecer, era el verdadero poder detrás del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, por encima del director Juan David Palacio. De hecho, en la audiencia en contra de este último, el ente acusador señaló que él se favorecía de parte del dinero de los sobrecostos de los contratos para proveer kits de bioseguridad a los bomberos de los diez municipios del Valle de Aburrá.
Lo que no se había conocido públicamente eran los movimientos que hacían los integrantes del llamado grupo de ‘Los Amiguitos’, conocido por revelaciones de prensa en las que se expusieron sus conversaciones de WhatsApp, dónde se reunían, quién movía los recursos y dónde fueron puestos.
Luego de realizar la verificación periférica de la información, de revisar en bases de datos y ubicaciones geolocalizadas de los salpicados, el ente acusador encontró creíble la información que señala que uno de los puntos de encuentro de ‘Los Amiguitos’ era el lobby de un exclusivo hotel del sector de El Tesoro, en El Poblado.
En ese lugar, según el testimonio, se repartían presuntamente las coimas, algunas de ellas transportadas en efectivo en una de las camionetas de los implicados, modo que fue cambiando con la ruptura de la confianza entre los mismos y cuando entró a jugar un papel relevante la esposa de un exalcalde de un importante municipio del sur del Valle de Aburrá que hoy está en Estados Unidos.
El monto exigido por cada contrato, reveló en su ventilador el exjefe de los bomberos de Itagüí, era del 15 por ciento. De ahí que la Fiscalía haya establecido que los corruptos se hicieron, al parecer, con 2.400 millones de pesos de los cerca de 17.000 millones que se habían contratado.
En la matriz de colaboración quedó señalado también el rol que supuestamente jugaron Villada, que era el subdirector financiero del Área Metropolitana, Vanesa Álvarez Restrepo y Sebastián de Dios Ortega.
Para llenar de confianza a la Fiscalía, antes de irse del país, Cadavid entregó a modo de reparación una lujosa camioneta avaluada en 700 millones de pesos.
Otra de las cartas que juega en contra de Miguel Quintero Calle y sus aliados es el preacuerdo firmado con la Fiscalía por el contador de los bomberos de Itagüí, Juan Alberto Cardona Henao.
El contador admitió que falsificó cuentas de cobro para sacarle tajada a cada uno de los contratos firmados con el Área Metropolitana en plena pandemia, cuando los habitantes del Valle de Aburrá necesitaban con urgencia los kits de bioseguridad que los alcaldes habían prometido.
El preacuerdo fijó una condena de 19 meses de prisión por el delito de falsedad en documento privado. Él ya está en libertad a la espera de que un juez cierre el proceso.
Es decir, ya está probado que sí hubo corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Esa entidad es importante para la Alcaldía de Medellín porque es la autoridad ambiental y de transporte en el territorio. Según las evidencias, habría sido un botín burocrático para direccionar contratos y destinar millonarios recursos a bolsillos corruptos.
Pero ese es solo uno de los escándalos que comprometen a funcionarios de la administración pasada. Los otros son los de Metroparques, entidad que, según la Fiscalía, fue usada para direccionar también contratos cercanos a los 17.000 millones de pesos a empresas cuestionadas.
Álvaro Villada, quien será imputado en este entramado con Miguel Quintero Calle, también está enredado allí. Ellos son solo dos de las más de 50 personas, entre las que hay secretarios y subsecretarios, que están respondiendo ante las autoridades judiciales.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha reiterado la calidad de víctima de la ciudad en este proceso judicial y en el de Aguas Vivas.
Incluso, el alcalde Gutiérrez llamó la atención en ese sentido: “Hoy una juez determinó que se deben realizar unos ajustes de la imputación contra el jefe de la banda y los demás implicados en el caso Aguas Vivas, ordenando que esa diligencia se realice nuevamente. Respetamos las decisiones de la justicia, pero como víctimas no podemos compartir esta determinación ni permitir que quienes desfalcaron la ciudad encuentren impunidad por maniobras procesales para dilatar el proceso”.
SEMANA intentó comunicarse con Miguel Quintero Calle y su equipo de abogados, así como con Álvaro Villada, con Vanesa Álvarez y con Sebastián de Dios Ortega para conocer su postura sobre esos graves señalamientos, pero al cierre de esta edición no fue posible obtener una respuesta.