La audiencia de formulación de acusación en el caso que involucra a varios implicados en el escándalo de corrupción entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) y el Cuerpo Voluntario de Bomberos de Itagüí, por hechos ocurridos durante el gobierno del alcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, fue suspendida de manera sorpresiva este miércoles a solicitud de la Fiscalía.
“Me permito informar que el suscrito fiscal delegado ha iniciado el trámite de un principio de oportunidad en modalidad suspensión y eventualmente renuncia a la acción penal en relación con uno de los procesados”, declaró el funcionario ante el despacho.
El nombre del nuevo aliado de la Fiscalía en esta investigación no fue revelado. Se sabe que en esa misma etapa procesal están involucrados Misael Cadavid Jaramillo, representante legal de los Bomberos; Elkin de Jésús González Correa, representante legal suplente de ese cuerpo de rescate; y María Janeth Rúa García, quien, en calidad de profesional universitaria, firmó los contratos en representación del Amva.
El escándalo está relacionado con el delito de peculado por apropiación a favor de terceros en la firma de seis contratos por alrededor de 18.000 millones de pesos entre 2020 y 2022, durante la época del covid. Parte de esos recursos, según las audiencias judiciales de la Fiscalía, fueron destinados a la campaña política de Cadavid, quien aspiraba a llegar a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical.
El ente acusador ha sido enfático al señalar que “se ha podido establecer que se hicieron de manera directa, sin el cumplimiento de los requisitos legales, violando los principios de planeación, transparencia, economía y selección objetiva”.
Algunos de los contratos estaban destinados a capacitar a los bomberos de los diez municipios del Área Metropolitana (Medellín, Caldas, Envigado, Sabaneta, La Estrella, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa) a través de la gestión de los bomberos de Itagüí.
Cadavid fue imputado por peculado por apropiación en calidad de coautor interviniente, y González por el mismo delito y en la misma calidad. Inicialmente negaron los cargos, aunque se desconoce por ahora si alguno de ellos es quien accedió a negociar un principio de oportunidad.
María Janeth Rúa García fue imputada por interés indebido en celebración de contrato, en concurso con peculado por apropiación, y también negó los cargos.
Según informó la Fiscalía, ya serían dos las personas que colaborarían con la justicia, lo que contrarrestaría la negativa de los investigados a asumir su responsabilidad en el saqueo de recursos.
“No solo a uno, su señoría, también ya cuento o me encuentro con el trámite de otra de las partes que ha solicitado revisar la posibilidad de tener o buscar un mecanismo anticipado o una terminación anticipada del proceso”, aseguró el delegado fiscal.
Este mismo escándalo tiene, en otra etapa procesal, investigados a Ana María Roldán Ortiz, Juan Alberto Cardona Henao, Diana María Montoya Velilla y Juan David Palacio Cardona, exdirector del Amva.
Estos últimos fueron imputados, pero negaron las acusaciones, y un juez de control de garantías cuestionó la actuación de la Fiscalía, le pidió profundizar en las indagaciones y los dejó en libertad.
No obstante, en esas mismas audiencias, la Fiscalía destacó que uno de los terceros beneficiados con el desvío de recursos era Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde Daniel Quintero Calle.
El vínculo que, según la Fiscalía, relacionaría a los Quintero Calle con el proceso se basa en su estrecha amistad con Juan David Palacio, quien habría facilitado su postulación y posterior llegada a ese cargo, así como en chats que presuntamente demostrarían el direccionamiento de contratos. Esta situación deberá ser comprobada por la Fiscalía, que ya contaría con dos aliados: los procesados que buscan un principio de oportunidad.
Frente a lo ocurrido este miércoles, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, afirmó: “Los que hicieron parte de un gran concierto para delinquir ya empezaron a cantar. Bienvenida la colaboración con la justicia: que cuenten todo —quién coordinó la estructura criminal, quién ordenó, quién firmó y quién cobró. Todos sabemos quién fue, pero que ya sea la justicia quien lo diga. La corrupción se persigue hasta el último eslabón. La plata pública es sagrada y los que se robaron a Medellín tienen que pagar. Ya van 55 imputados, incluyendo el jefe de la banda. Y esperamos que continúen los procesos de extinción de dominio”.