La entidad convocó a autoridades de salud, hospitales y organismos de control para analizar el aumento de tutelas, el incumplimiento de fallos judiciales y la millonaria deuda que afecta la red hospitalaria del distrito.
La Personería Distrital de Medellín reunió a las principales entidades del sector salud para revisar la creciente crisis que viven los afiliados de la Nueva EPS en la ciudad, pese a que la entidad aseguradora se encuentra bajo intervención estatal. La mesa interinstitucional incluyó a la Secretaría Distrital y Seccional de Salud, directivos de clínicas y hospitales, delegados del Ministerio Público y coordinadores judiciales.
Durante el encuentro, se expusieron cifras actualizadas que muestran la magnitud del problema. A septiembre de 2025, la Nueva EPS concentra 276.302 afiliados en Medellín, de los cuales 216.501 pertenecen al régimen contributivo y 59.801 al subsidiado. Esta alta carga poblacional ha sobrepasado la capacidad de respuesta de la red pública y privada, ocasionando demoras, barreras administrativas y fallas en servicios esenciales.
Uno de los datos más críticos corresponde al aumento de la judicialización. Entre 2022 y 2025 se han radicado 4.695 tutelas y 2.741 incidentes de desacato contra la EPS. Solo en 2025, hasta septiembre, se registran 2.395 tutelas y 1.079 desacatos, lo que evidencia que la entidad continúa incumpliendo órdenes relacionadas con acceso a especialistas, suministro de medicamentos, tratamientos y procedimientos de alto costo.
La Personería recordó que en abril y nuevamente en octubre de 2025 emitió alertas institucionales sobre fallas sistemáticas en la operación de la EPS, incluyendo retrasos en cirugías, demoras en diagnósticos y riesgos financieros crecientes para los hospitales. Según el organismo de control, pese a las advertencias y a la intervención del Gobierno, las irregularidades se mantienen.
Otro punto que genera preocupación es el monto de la cartera acumulada por la Nueva EPS con la red hospitalaria del distrito. Con corte al 30 de junio de 2025, la deuda asciende a 353.357 millones de pesos con instituciones públicas y a 1,9 billones con prestadores privados, de acuerdo con cifras del SISPRO. Esta situación, señalaron las autoridades, compromete la sostenibilidad financiera de clínicas y hospitales que hoy soportan la demanda creciente de pacientes.
La Personería insistió en la necesidad de adoptar medidas urgentes y coordinadas para garantizar el derecho a la salud de los usuarios y evitar un colapso mayor en la red asistencial de Medellín.