Este martes, 15 de septiembre, finalizó la audiencia de imputación de cargos contra Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle; Álvaro Villada; Vanessa Álvarez, y Sebastián de Dios Ortega Urán por el escándalo de corrupción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
La diligencia se desarrolló con las respuestas de la Fiscalía a algunas de las preguntas planteadas el lunes, 14 de septiembre, por los abogados de los procesados.
En el caso de Miguel Quintero Calle, reiteró el rol que este, según considera, jugó en el entramado al que el ente acusador denominó “acuerdo criminal”.
Según la Fiscalía, “desde diciembre de 2019 Miguel Quintero promovió la conformación de la estructura recomendando a Juan David Palacio el nombramiento de Álvaro Villa García, quien asumió el cargo a partir del 22 de enero del año 2020, y desde ahí, instruyó y generó la idea en Villada y en Palacio de tomar el control de la contratación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá”.
También lo señaló de participar en un acuerdo económico que “se concretó en junio del año 2020 en las mismas instalaciones del Área Metropolitana del Valle Aburrá en la ciudad de Medellín, entre Villada, Vanessa Álvarez y Misael Cadavid”.
Este último, médico de profesión y hoy en libertad, era el representante legal de los Bomberos de Itagüí, fue imputado por el mismo escándalo, enviado a prisión y, cuando se vio contra las cuerdas, decidió firmar un principio de oportunidad con la Fiscalía a cambio de que cesara la persecución penal en su contra.
Entregó información que enloda a Miguel Quintero Calle, principalmente y, a modo de reparación, entregó una camioneta avaluada en 700 millones de pesos.
La Fiscalía también explicó otras dudas que había planteado el abogado Santiago Trespalacios Carrasquilla, defensor de Miguel Quintero.
“Miguel Quintero nos suscribió, no aprobó ni supervisó los contratos frente a cada evento (...) la Fiscalía vincula esa determinación con el acuerdo de favorecimiento del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí y con la cuota aplicada al circuito de pagos de los seis contratos”, explicó la Fiscalía.
Además, señaló: “la posición de dirección que se atribuyó es fáctica dentro del acuerdo criminal, no institucional, se concretó al recomendar el nombramiento de Villada, quien asumió efectivamente el cargo el 22 de enero del año 2020, recién nombrado el señor Juan David Palacio como director del Área Metropolitana, promover el control de la subdirección Ambiental, impartir orientaciones sobre nombramientos y contratación, concertar la cuota del 15 %, de ella recibir el 10 %, y ordenar a finales del año 2020, inicio de 2023, el cambio de intermediario o de quien recibí recibía esta cuota ilícita”, dijo el ente acusador.
Por último, la Fiscalía aclaró que “Miguel Quintero no fue imputado como servidor con la disponibilidad sino como interviniente, se concertó con quienes sí la tenían, estableció la cuota ilícita, dirigió su recaudo y su distribución y recibió efectivamente el pago de la coima de los seis contratos”.
Esto es, según estableció el ente acusador, una suma de 1.654 millones de pesos.
En definitiva, dijo el ente acusador, Miguel Quintero “promovió el control de la subdirección Ambiental del Área Metropolitana” para “orientar el favorecimiento contractual del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí”, a través del cual se saquearon los recursos.
Al finalizar la audiencia, Miguel Quintero se declaró inocente de presunto peculado por apropiación y dijo que no aceptaba cargos. En igual sentido se pronunciaron Álvaro Villada, Vanessa Álvarez y Sebastián de Dios Ortega Urán.
La Fiscalía anunció que solamente pedirá medida de aseguramiento intramural contra Miguel Quintero Calle. Esa audiencia fue programada para el miércoles, 16 de septiembre, a las 2:00 p. m.