La defensa del presidente de la Cámara de Representantes, Julián López —encabezada por los abogados Alberto Yepes Barreiro y Mauricio Pava Lugo— anunció el despliegue de una estrategia jurídica de amplio alcance en los frentes electoral y disciplinario. Con esta acción, se suspenden de inmediato las sanciones internas impuestas por el Partido de la U y se genera la intervención de la Procuraduría General de la Nación.
Las acciones legales buscan garantizar los derechos políticos del congresista y proteger el mandato otorgado por sus electores, frente a lo que la defensa califica como “maniobras opacas” para deslegitimar su liderazgo.
Según explicó la defensa, el punto central de la estrategia jurídica es la impugnación presentada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la decisión del Comité Disciplinario del partido. Aseguran que esta acción tiene un efecto suspensivo inmediato, lo que significa que ninguna sanción puede ser ejecutada hasta que el CNE, como máxima autoridad electoral, se pronuncie de fondo.
“Este mecanismo de protección está explícitamente consagrado en la Ley Estatutaria 1475 de 2011, que regula el régimen disciplinario de los directivos de partidos políticos. El artículo 11 de dicha ley establece que las decisiones sancionatorias internas deben contemplar: la impugnación en el efecto suspensivo, ante el Consejo Nacional Electoral, de la decisión que adopten dichos órganos, la cual deberá interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación personal”, indicaron.
Dentro de la estrategia de defensa se asegura que dicha norma ha sido clara y que una resolución del propio Consejo Nacional Electoral ha ratificado que, una vez presentada la impugnación, el directivo queda plenamente habilitado para continuar ejerciendo sus funciones.
Argumentan que en un caso análogo, el CNE determinó: “Al presentar la impugnación ante el CNE, la suspensión queda en efecto suspensivo, dejándolo de esta forma, habilitado para ser convocado y participar de las reuniones y decisiones que tome no solo la junta directiva, sino en cualquier otro órgano al que haga parte hasta que su caso sea resuelto de fondo por el órgano competente”.
Así mismo, los abogados confirmaron que la Procuraduría General de la Nación ha asumido un rol activo en el caso, ejerciendo su poder disciplinario preferente.
“La intervención del Ministerio Público, abriendo una investigación y evaluando medidas preventivas, subraya la seriedad de los hechos y la necesidad de una supervisión externa para garantizar la imparcialidad y la legalidad”, insisten.
Los abogados Yepes y Pava rechazan lo que denominan “la fabricación de un proceso disciplinario liviano, sin sustento real”, cuyo objetivo sería sancionar una postura política legítima y no una falta disciplinaria real. Advierten que la autonomía de los partidos políticos no es absoluta y está limitada por la Constitución y la ley, especialmente por el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29.