En entrevista con SEMANA, la exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, analizó la situación de la paz total y la suspensión de las órdenes de captura de los 23 cabecillas de las estructuras criminales de Medellín.
Su interpretación es que los bandidos de la capital de Antioquia estarían buscando oxígeno para seguir delinquiendo e instó a la Fiscalía a continuar con los procesos que se adelantan contra ellos.
En materia nacional, alertó que el Gobierno debería prestarle atención al sometimiento y advirtió que los delitos que no juzgue el Estado podría reclamarlos la Corte Penal Internacional.
SEMANA: ¿Por qué se suspenden las órdenes de captura de personas que negocian la paz total?
Ángela María Buitrago (A.M.B.): Lo primero que hay que decir es que la Ley 2272 de 2022, que fue aprobada por el Legislativo, tenía unas reglas que, entre otras, la misma Corte Constitucional condicionó desde la lectura que se hacía de la necesidad de entender cuándo y cómo se iban a manejar estas reglas. Entonces, la Ley 2272 no se puede mirar aislada, toca mirarla con estas reglas que trajo la Corte Constitucional.
Lo primero que hay que decir es que la suspensión de órdenes de captura no es una regla general. La suspensión de órdenes de captura viene reglamentada, incluso, por la demostración de que ha habido avances, que se encuentran en una zona acotada, es decir, determinada, y que los avances significan el sometimiento y dejar de realizar el crimen.
Entonces, cuando nosotros hablamos de la 2272 y la sentencia de constitucionalidad, lo que tenemos que decir es que la Fiscalía tampoco tiene que suspender todas las órdenes de captura que le piden, sino que debe verificar que se den las condiciones establecidas en la ley y en la sentencia de la Corte Constitucional. Y eso nos lleva a decir que muchos de esos levantamientos de órdenes de captura no solamente se han revocado, como lo informa la prensa, sino que, además, se levantaron, en mi criterio, en el caso de los condenados y detenidos que están en centros carcelarios, de manera genérica, pero también de manera muy rápida, sin verificar algunos aspectos que yo creo, jurídicamente, son importantes.
SEMANA: ¿Qué se tiene que verificar?
A.M.B.: Los primeros aspectos que hay que verificar son que las personas se hayan condenado. Varios de esos sujetos están cumpliendo una condena, y condenas de 30 y 35 años. Esto lleva a decir que por esos hechos la persona está condenada, está en un centro carcelario y a él no se le puede suspender ninguna orden de captura con respecto a esos hechos. Ellos no pueden salir en libertad. Eso significa que ellos están pagando una pena por delitos graves. Esa clase de penalidad y esa clase de pena es por delitos graves.
También hay que verificar qué es lo que han hecho en la política de paz, el sometimiento y el desarme. Y de lo público que se conoce con respecto a estas personas, pues creo que no ha habido ningún sometimiento a la ley. Creo que se siguen moviendo las estructuras criminales, tanto así que muchos de ellos prometen que una semana se va a extorsionar y otra no, lo cual quiere decir que siguen siendo titulares del manejo de algunas rentas.
Siempre he considerado que la paz como derecho es una cosa que hay que alcanzarla por el bien de Colombia, pero no alcanzarla de cualquier manera.
SEMANA: ¿Cómo debería pensarse?
A.M.B.: Hay que pensar que, frente a esta clase de crímenes y de criminales, lo primero que hay que hacer es poner condiciones, y condiciones muy fuertes. Primero, que se sometan a la ley con respecto a los hechos que están siendo cometidos desde el año 2022 hasta hoy. Segundo, que generen espacios en donde esas personas estén controladas, como lo manda la Ley 2272; es decir, zonas y espacios geográficos donde esas personas puedan ser verificadas en su ánimo de comparecer para la paz. Tres, que se hagan verdaderos procesos de sometimiento, no que la justicia se rinda ante los criminales, no que la justicia permita que esas personas en particular lleguen, simplemente, a decir, ‘yo creo que me siento en la mesa y con eso basta’.
SEMANA: El Gobierno suspendió las órdenes de captura de 23 cabecillas de Medellín y ese proceso de diálogo no tiene un marco jurídico, ¿cree que hay un salto al vacío?
A.M.B.: Yo creo que hay una indebida aplicación de la suspensión de órdenes de captura, porque muchos de ellos están condenados. Al estar condenados, no se puede suspender la orden de captura, porque ellos ya hicieron efectiva la orden de captura y están, hoy en día, en centro carcelario intramural. Segundo, los que puedan tener órdenes de captura es porque no están capturados, y todos ellos están presos. ¿Cómo suspendo yo órdenes de captura cuando tengo a las personas a disposición en los centros carcelarios? Técnicamente, para mí, no es una suspensión de orden de captura porque ellos están pagando una condena o detenidos, efectivizando una orden de captura anterior, que ya se materializó. Si tienen nuevas órdenes de captura, pues obviamente ellos están dentro de las cárceles. Por esa razón, había que mirar qué clase de delitos, porque sobre esos supuestos, si siguieron delinquiendo después del 2022 hasta hoy, yo creo que ese no puede ser un elemento generalizante de que sigan delinquiendo y puedan entrar en un proceso de paz para sentarse a la mesa.
SEMANA: ¿Cree que se está jugando con la paz?
A.M.B.: Yo creo que sí y muchos de esos actores que se sentaron a la mesa lo hicieron de manera absolutamente irresponsable. Hoy en día se sabe que están generando mayor fuerza, mayor extensión en el territorio y se aprovecharon de una mano tendida para generar mayor número de criminales en armas. Creo que el tema no es fácil de resolver, es una línea muy delgada entre la paz e ingenuidad.
SEMANA: Varias negociaciones de paz no tienen un marco jurídico y los criminales lo reclaman, es el caso de las bandas de Medellín y los exparamilitares de la AUC. ¿Cómo interpretar ese escenario?
A.M.B.: Hay que mirar qué estructura tiene cada grupo. Los paramilitares no son parte de la ley de la paz total, ellos tienen su régimen propio. La ley de paz total, que es la que mencionamos, tiene escenario para dos grupos: unos GAO, que no hubiesen defraudado los marcos anteriores, y unos EAOCAI, Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto.
La Corte Constitucional lo dijo claramente: se debía haber hecho un marco jurídico de sometimiento para esa clase de grupos. A hoy, y es bueno decirlo, a pesar de que se presentaron varios proyectos de ley de sometimiento, el Legislativo los hundió. Pero, indiscutiblemente, hoy no hay marco de sometimiento.
Eso implica decir solo una cosa, y es que el único marco de sometimiento posible para ellos, regulado por el principio de legalidad, es la ley ordinaria. Por lo tanto, la ley ordinaria, que es la ley penal, y la Ley 906 del 2004, debería ser el marco por el cual deben transitar y deben someterse ellos a la justicia.
Ellos no pueden estar jugando nuevamente con quedar absolutamente libres o con que les levanten condenas previas. Eso es prohibido por ley. Ellos tienen que someterse bajo el principio de los delitos que han cometido.
Yo creo que la Fiscalía debería, y lo digo con todo el respeto del mundo, seguir avanzando en estos procesos que, a pesar de que se le suspenda la orden de captura, muchos de ellos ya tienen todas las pruebas para judicializar estos casos ante las autoridades competentes. Y es que estos casos no son nuevos. Estos casos llevan mucho tiempo sucediendo en la estructura criminal de cada uno de esos grupos que has mencionado. Entonces, los fiscales han dejado, como digo yo, corazón y alma en la investigación, han logrado las órdenes de captura con prueba real y me parece que la suspensión de la orden de captura es una forma de tratar por algunos, no por todos, pero por algunos, de buscar oxígeno para lograr seguir haciendo lo que están haciendo.
SEMANA: ¿Hoy ellos deberían responder en la justicia ordinaria?
A.M.B.: En mi criterio, es el único marco que tienen porque están cometiendo delitos permanentemente y esos delitos son delitos graves, pero además con un ítem. Yo siempre he pensado que nosotros, y creo que Colombia, tiene una gran aspiración a la paz, se han hecho muchos esfuerzos por la paz, pero también hoy en día tenemos un bloque de derecho internacional que es muy importante considerarlo y que también está la Corte Penal Internacional en delitos de lesa humanidad y en delitos de guerra. Muchos de los temas de armas prohibidas, que incluso usted lo ha visto recientemente, han caído personas en minas, en campos minados, que se están utilizando armas prohibidas, que se están ocupando espacios como escuelas y demás, son delitos de guerra. Por esa razón también hay que advertirlo: lo que no se haga en Colombia lo puede reclamar la Corte Penal Internacional.
SEMANA: ¿En cuál posición quedaría el Estado colombiano?
A.M.B.: El Estado colombiano ha hecho es grandes esfuerzos para lograr un proceso de paz. Tenemos varios ejemplos. El tema del proceso de paz total, lamentablemente, está en un punto en donde no avanza, en donde no se ven elementos contundentes. Yo, realmente, no conozco hoy en día cuáles son los resultados de las mesas, pero sí me entero por la prensa cómo hoy en día siguen delinquiendo Los Pachenca, los grupos de Barranquilla, los grupos de Buenaventura, los grupos del ELN. Lo que yo veo es que muchos de esos grupos, a pesar de estar sentados en la mesa, no han avanzado un ápice en someterse a la justicia. Y esto debía ser replanteado, debía ser replanteado con seriedad, más ad portas de un proceso político y sobre estos elementos también las advertencias que han hecho; yo me he leído estas dos semanas todas las advertencias que han hecho en término territorial, los gobernadores, los alcaldes, frente a la violencia extrema que se está viviendo en las regiones. Y esto significa también tomar decisiones fuertes, pero tomar decisiones a tiempo por todo lo que significa el Estado colombiano, que es garante de la vida y de los bienes de los colombianos.
SEMANA: ¿Cómo califica el rendimiento de los negociadores del Gobierno nacional en las mesas de paz?
A.M.B.: Yo no voy a calificar a los representantes del Gobierno ni a los de las mesas. Yo creo que es muy complejo sentarse con esos grupos, pero lo que yo sí les diría a esas personas es, piensen en la Colombia que dejan. A esos negociadores, piensen si realmente la labor se está haciendo bien, porque Colombia ha vivido por etapas muy duras de criminalidad y por etapas muy duras de violencia. Si este proceso de paz fracasa, es una derrota absoluta, no solo para el Estado, para el Gobierno, para Colombia.