Después de casi dos meses de trámites, el Gobierno de Abelardo De La Espriella puso en marcha el Fondo Milagro; la estructura creada para concentrar y ejecutar los recursos destinados a atender las consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto.
La herramienta fue creada mediante el Decreto 1379 de septiembre como un patrimonio autónomo, con una misión que va mucho más allá de entregar ayudas inmediatas: financiar asistencia humanitaria, recuperación, rehabilitación, reconstrucción, reactivación económica y reducción del riesgo en los territorios afectados.
La primera cifra que marca el arranque es de un billón de pesos. El Gobierno anunció que esos recursos comenzarán a estar disponibles desde este 7 de octubre.
De esa primera etapa, alrededor de 627.000 millones de pesos estarán orientados a acciones como demolición de estructuras, retiro de escombros, levantamiento de información sobre las afectaciones y atención de infraestructura crítica, entre ella viviendas, colegios y hospitales.
Pero la apuesta financiera es mayor. El Gobierno proyecta incorporar 2,7 billones adicionales en noviembre, con lo que la bolsa podría acercarse a los 4 billones. Esa cifra, sin embargo, corresponde a una proyección de recursos y no significa que todo ese dinero esté hoy disponible para contratar obras.
En paralelo, Hacienda ya formalizó la incorporación de 624.656 millones de pesos al Presupuesto General de la Nación, provenientes de recursos de capital asociados a crédito externo. Ese dinero constituye una de las fuentes iniciales para respaldar las acciones del Fondo.
¿Quién manejará la plata?
La administración fiduciaria quedó en manos de Fiducoldex, seleccionada directamente por el Ministerio de Hacienda en virtud del decreto que creó el fondo. El contrato establece una comisión mensual de 142 salarios mínimos legales vigentes, pagada con cargo a los rendimientos financieros de los recursos administrados y, subsidiariamente, al propio fondo.
La dirección estratégica estará en un Consejo Directivo integrado principalmente por representantes del presidente, además de delegados del Departamento Nacional de Planeación, Hacienda y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Ese órgano deberá aprobar los proyectos, definir prioridades, autorizar el presupuesto y establecer las reglas para la contratación.
La operación estará coordinada por Jaime Andrés Uribe Tamayo, gerente del Fondo Milagro, quien tendrá entre sus responsabilidades estructurar proyectos, impartir instrucciones de contratación, hacer seguimiento a los contratos y presentar informes periódicos al Consejo Directivo.
Hay además un mecanismo de control: el decreto ordena seleccionar mediante convocatoria pública una firma internacional para realizar una auditoría independiente, sin reemplazar la vigilancia que corresponde a la Contraloría sobre los recursos públicos.
Así, el Fondo Milagro pasa de ser una promesa anunciada después del terremoto a convertirse en el vehículo financiero con el que el Gobierno pretende transformar recursos públicos, crédito, cooperación y otras fuentes de financiación en obras concretas.
El verdadero desafío comienza ahora: que esa bolsa de dinero llegue efectivamente a las comunidades afectadas y se convierta en reconstrucción.