El Ministerio del Trabajo archivó la investigación que abrió contra el representante a la Cámara, David Racero, por las irregularidades en la contratación de personal del negocio tipo “fruver” que tuvo con su familia en plena pandemia.
Una inspectora del trabajo de la Dirección Territorial de Bogotá de esa cartera firmó la resolución con la que se archiva el proceso y se decide no iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio contra el congresista.
El documento de 15 páginas le puso punto final a la “averiguación preliminar” que había abierto esa cartera cuando se filtraron unos audios en los que el representante ofertaba una vacante laboral, sin prestaciones sociales y con horarios que superaban el máximo permitido.
El proceso contra Racero se resolvió de forma exprés. La pesquisa se abrió el 27 de mayo de 2025; una semana después la cartera le envió un extenso cuestionario sobre su antiguo emprendimiento y solo se necesitaron pocas semanas desde su apertura para que se resolviera un proceso que en otros casos puede tardar varios meses.
Racero se defendió al señalar que el negocio estuvo en propiedad de su familia por un lapso de seis meses, entre 2020 y 2021, y enfatizó que su emprendimiento terminó siendo liquidado en abril de ese año porque el negocio no prosperó. Lo más particular de sus declaraciones ante la inspectora del trabajo es que puso en duda la autenticidad de los audios que para entonces reveló el periodista Daniel Coronell.
“Desconozco la procedencia de los audios publicados en las notas periodísticas y sobre la autenticidad de los mismos se están haciendo investigaciones de carácter judicial, pues se desconoce absolutamente su origen, alcance, legalidad y motivación, especialmente cuando han tenido una intencionalidad política que pone en peligro mi intimidad y seguridad”, indicó Racero en las respuestas que le entregó al Ministerio del Trabajo.
Lo cierto es que en la resolución firmada por el inspector quedó documentado que el mismo congresista reconoció que su negocio jamás fue registrado de manera oficial con un NIT, aseguró que esto se debió a “su corta duración y su dimensión, sumados a la circunstancia de insostenibilidad que devino a escasos meses de su adquisición; no se pudo llevar a término el proceso de formalización”.
El “fruver” estaba ubicado en el barrio Villa Luz de Bogotá; en este los empleados se contrataban de manera verbal. “El personal encargado de la operación del emprendimiento ya referido era el mismo con el que ya venía funcionando con su anterior propietario y su vinculación siempre fue verbal, pero nunca estuvo a mi cargo”, afirmó Racero en su comparecencia ante la inspectora del trabajo.
El Ministerio del Trabajo respaldó al representante del Pacto Histórico al asegurar que no se presentó una violación a las normas laborales porque en su investigación no pudo esclarecer los detalles del establecimiento y los protagonistas de la presunta violación a las normas laborales.