La Defensoría del Pueblo encendió las alertas tras los hechos ocurridos durante la jornada de la “Marcha Nacional de Solidaridad con Palestina”, en Medellín, donde dos personas resultaron heridas en medio de un procedimiento de los equipos de gestores de seguridad y convivencia de la Alcaldía.
De acuerdo con la defensora del pueblo, Iris Marín, lo sucedido podría constituir una violación a los derechos humanos por parte de funcionarios públicos encargados de acompañar la manifestación. “Reiteramos que la protesta pacífica es un derecho de participación democrática y de libertad de expresión protegido por la Constitución y por los estándares internacionales”, señaló.
La entidad recordó que este derecho debe garantizarse en condiciones de libertad, seguridad y respeto, sin que se vulnere la integridad de quienes participan ni se afecten bienes públicos o privados.
Por eso, la Defensoría instó a las autoridades locales a abrir las investigaciones disciplinarias y penales necesarias para determinar si los funcionarios involucrados actuaron por fuera del marco de sus competencias y deberes.
“Instamos respetuosamente a las autoridades para iniciar las investigaciones disciplinarias y penales correspondientes contra los funcionarios que, en ejercicio de sus funciones, hayan podido exceder el marco de sus competencias y deberes”, dijo la defensora en un video que publicó en las redes de la entidad.
La defensora Marín hizo además un llamado a la empatía y la no violencia como base de cualquier escenario de manifestación social. “Solo desde el respeto por la vida y la dignidad humana se construye una sociedad más justa, pacífica y solidaria”, enfatizó.
La marcha, convocada en diferentes ciudades del país, buscaba expresar respaldo al pueblo palestino en medio de la ofensiva militar que ha dejado miles de víctimas en Gaza.
En Medellín, la concentración avanzó de manera pacífica hasta que, según reportes ciudadanos, se presentaron los incidentes que derivaron en las agresiones. En videos difundidos en redes sociales se observa a miembros del equipo de gestores de convivencia forcejeando con manifestantes y utilizando la fuerza de manera desproporcionada.
Ante esto, la Defensoría reiteró su disposición de acompañar a las víctimas y de activar los mecanismos de protección establecidos en el Sistema Nacional de Derechos Humanos.