Un nuevo escándalo de presunta corrupción fue denunciado por el Gobierno de Abelardo De La Espriella. En esta oportunidad, las irregularidades habrían tenido lugar en la Agencia Nacional de Tierras (ANT) durante la administración de Gustavo Petro. Los detalles de la denuncia están en manos de la Fiscalía General de la Nación.
La “olla podrida” fue destapada por la directora de la Agencia, la excongresista Lina María Garrido. Según su relato, cerca de 50.000 millones de pesos estarían comprometidos en este nuevo capítulo que será investigado por el ente acusador y los órganos de control, tal como lo informó en un video difundido por la Presidencia.
“La Agencia Nacional de Tierras ha puesto en conocimiento de los órganos de control y de la Fiscalía presuntas irregularidades que involucran más de 50.000 millones de pesos de la administración de Felipe Harman”, comentó Garrido sobre el exalcalde de Villavicencio, quien ahora tendría pretensiones de aspirar a la Gobernación del Meta.
Ella describió que, entre otros asuntos, los hallazgos que se hicieron en la Agencia tienen que ver con la supuesta celebración indebida de contratos, prevaricato, peculado y uso indebido de información privilegiada. Además, se analizan las decisiones que tomó la dirección de Harman en materia de entrega de tierras en varias regiones.
Lina María Garrido agregó que esperan que la justicia pueda esclarecer el posible entramado ilegal que habría tenido lugar en esta entidad durante el cuatrienio de Gustavo Petro, que ha estado salpicada por múltiples escándalos que son estudiados por la Procuraduría General de la Nación: “Hoy esperamos que estas denuncias avancen y los responsables paguen por sus actos”.
La Agencia Nacional de Tierras no es la única entidad cuestionada por sus actuaciones durante el pasado gobierno. En la lista también aparecen el Departamento Administrativo de la Presidencia, el Servicio Nacional de Aprendizaje, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de la Igualdad (en proceso de liquidación) y el Departamento de Prosperidad Social, entre otros.