La Agencia Nacional de Tierras (ANT) reveló que entre el 7 de agosto y el 7 de octubre de este año se registraron 1.040 salidas de contratistas por el vencimiento de sus vigencias contractuales, lo que representa un ahorro directo de más de $22.224 millones para las arcas del Estado.
Durante la administración de Gustavo Petro, la entidad dejó un piso de aproximadamente 9.400 personas vinculadas bajo la modalidad de prestación de servicios.
Esta reducción en el volumen de contratos se enmarca en la salida de cerca de 4.600 contratistas en todo el Ejecutivo nacional durante el mismo trimestre, según citó la ANT en su comunicado oficial.
Cabe resaltar que, de acuerdo con informes de la Contraloría General, tras el fin de la Ley de Garantías en el gobierno anterior, la ANT fue una de las entidades que más aceleró la firma de contratos individuales en el Estado.
Pese a estos ajustes, la directora de la agencia, Lina María Garrido, sostuvo que la salida del personal no afectará las metas institucionales de acceso a la tierra ni los planes de ordenamiento social de la propiedad rural.
Para consolidar esta política de austeridad, la entidad aplicará la Directiva Presidencial 04, la cual ordena verificar el cumplimiento de los contratos vigentes, y la Circular Externa 08 del 15 de octubre de 2026, que fijará límites para la contratación en 2027 tomando como referencia lo ejecutado en los dos años previos.
Este anuncio se da mientras Garrido, la directora de la entidad, enfrenta una investigación disciplinaria en la Procuraduría General de la Nación por supuestos incumplimientos de los requisitos exigidos para ejercer el cargo.
En la queja recibida por la Procuraduría se señala que, tras revisar la hoja de vida de la funcionaria, no cumpliría con todos los requisitos que exige la ley para ser la directora de esta entidad.