Más de 330.000 millones de pesos comprometidos, más de 20.000 contratos, 15.000 contratistas y una serie de cuestionamientos sobre la calidad de la información recopilada.
Ese es el panorama que expuso el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Juan Manuel Alvarado, al advertir sobre las presuntas irregularidades y deficiencias que rodearon la ejecución del Censo Económico Nacional Urbano, una de las operaciones estadísticas más costosas de los últimos años.
La denuncia pone bajo la lupa la ejecución de un proyecto que comenzó en 2019 y que se convirtió en una de las apuestas del gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, según el funcionario, la operación terminó acumulando decisiones improvisadas, una contratación de grandes dimensiones y gastos que hoy están bajo revisión.
“El Censo Económico Nacional Urbano 2024 nos costó más de 330 mil millones de pesos”, afirmó Alvarado, quien cuestionó que, pese a la magnitud de los recursos comprometidos, todavía existan problemas para consolidar información definitiva y garantizar que los datos recopilados cumplan con los propósitos para los que fueron contratados.
Las cifras expuestas por el director del DANE llaman particularmente la atención por el tamaño del despliegue administrativo. De acuerdo con su denuncia, el proyecto contó con más de 15.000 contratistas y acumuló más de 20.000 contratos. A esto se suman más de 21.000 millones de pesos destinados a viáticos de las direcciones territoriales.
Pero hay otro dato que incrementa los interrogantes sobre la ejecución presupuestal. Solamente durante 2024 se gastaron más de 220.000 millones de pesos en el desarrollo de la operación estadística.
“Las cifras son escandalosas”, señaló el director, al advertir que el volumen de recursos invertidos no se ha traducido, a su juicio, en información consolidada con las condiciones técnicas requeridas.
Los cuestionamientos también alcanzan el componente metodológico. Alvarado aseguró que se identificaron inconsistencias en el levantamiento y procesamiento de la información y que tres de los cinco objetivos inicialmente establecidos para el censo continúan sin cumplirse.
“Hoy necesitamos expertos externos que revisen si lo que se hizo sirve para algo”, manifestó el funcionario, al anticipar una revisión técnica que permita establecer el alcance real de los problemas y determinar qué tan aprovechable es la información recolectada.
No obstante, lo encontrado por la nueva dirección del DANE es aún más grave si se tiene en cuenta que el censo fue concebido para actualizar la radiografía de la economía urbana colombiana, identificar establecimientos comerciales y unidades productivas y proporcionar información para la formulación de políticas públicas.
Aunque el DANE ha divulgado entregas preliminares y publicaciones posteriores de resultados, la actual dirección cuestiona las condiciones técnicas de la operación y la suficiencia de sus resultados definitivos.
El funcionario anunció que acudirá a las autoridades correspondientes para que se adelanten las actuaciones necesarias. “Hoy el censo económico urbano es un elefante de papel”, sentenció.
Y agregó: “Un proyecto de esta magnitud no puede terminar sin resultados, sin explicaciones y sin responsables”.
Por ahora, la denuncia deja planteado un interrogante de fondo que deberán resolver las autoridades con la ayuda de las pesquisas que sigan haciendo dentro del DANE.
Eso debería poder dar pistas al país sobre cómo una operación que comprometió más de 330.000 millones de pesos y a más de 15.000 contratistas no fue capaz de entregar ningún resultado concreto y, hoy por hoy, tiene todo un manto de dudas sobre su calidad técnica y de ejecución.