La Contraloría General de la República halló múltiples irregularidades en Coosalud EPS, una de las entidades promotoras de salud intervenidas por el Gobierno Petro. SEMANA revela las principales conclusiones del estudio, las cuales son investigadas por las autoridades.
La versión del ente de control fiscal es que en Coosalud hay múltiples incumplimientos administrativos, financieros y operativos en el manejo de los recursos públicos.
La primera advertencia es el incumplimiento de los indicadores financieros relacionados con el capital mínimo, el patrimonio adecuado y las reservas técnicas. También se evidenció un deterioro acelerado de la situación financiera, debido al aumento del pasivo, el endeudamiento y el riesgo de liquidez.
Los investigadores detectaron información contable poco confiable, con deficiencias en su calidad, consistencia y oportunidad, así como una deficiente gestión de la cartera, un alto riesgo de pérdida de recursos y soportes insuficientes.
De igual manera, se reseñó: “Incremento de PQR y quejas por fallas en la prestación de servicios de salud; persistencia en la falta de entrega oportuna de medicamentos con más de 72.000 entregas pendientes; incumplimiento del régimen de inversiones que debe respaldar las reservas técnicas”.
A eso se suma una supuesta alta inestabilidad administrativa, con ocho representantes legales nombrados en menos de dos años, durante la administración Petro.
Por otro lado, una auditoría forense identificó otras nueve eventuales irregularidades estructurales que habrían contribuido a la crisis de Coosalud:
- “Uso de recursos de la EPS para garantizar un crédito privado de Coosalud Inversa por $221.000 millones, que posteriormente terminó ejecutándose sobre recursos de la EPS”.
- “Posibles pagos sin justificación suficiente por más de $25.000 millones a empresas vinculadas”.
- “Posible integración contable entre la EPS, Coosalud Inversa y otras empresas relacionadas, afectando la independencia de la información financiera”.
- “Conflictos de interés en la auditoría de cuentas médicas por vínculos entre empresas auditoras y proveedores”.
- “Posible utilización de recursos de la UPC para gastos no asistenciales”.
- “Existencia de una red de influencia externa donde personas sin cargo formal tendrían incidencia en decisiones estratégicas y financieras”.
- “Deficiencias en los mecanismos anticorrupción (SICOF) en empresas vinculadas”.
- “Entorno de control interno débil con gobernanza comprometida y escasa segregación de funciones”.
- “Información financiera considerada poco confiable, con evidencia de problemas contables y de solvencia”.
La principal conclusión del estudio es que existen indicios que podrían dar lugar a responsabilidades administrativas, disciplinarias, fiscales e, incluso, penales.