Se revivirá en el país el debate sobre la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, ya que Nelly Patricia Mosquera, representante electa a la Cámara por Bogotá (Centro Democrático), buscará que ese castigo se establezca en el país.
Por medio de un comunicado de prensa, Mosquera expresó que su idea es impulsar “en el Congreso una reforma constitucional para establecer la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Además, hizo un llamado al ministro de Justicia designado, Iván Cancino, para que “trabaje de manera conjunta con el Legislativo a fin de presentar una propuesta que cuente con el apoyo del Ejecutivo”.
La iniciativa se desprende de las alarmantes cifras que maneja el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) sobre violencia contra menores de edad. “A marzo de 2026, de los miles de procesos administrativos de restablecimiento de derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, 3.773 corresponden a violencia sexual, 405 por violencia física y 242 por violencia psicológica. El 86 % de las víctimas son niñas, principalmente entre los 12 y los 17 años”, expresó.
“A estas cifras se suma que, de acuerdo al boletín del Instituto Nacional de Medicina Legal, a marzo de 2026 se han registrado 161 muertes violentas por homicidio y se han realizado miles de valoraciones médico-legales por hechos de violencia que afectan a niños, niñas y adolescentes en el país, reflejando que la niñez sigue siendo una de las poblaciones más vulnerables frente a la criminalidad”, se desprende de la comunicación de la congresista electa.
Sobre la batalla que librará en el Congreso, Mosquera manifestó: “La protección de los niños, niñas y adolescentes como fin esencial del Estado debe reflejarse en sanciones severas en contra de quienes atenten contra su vida e integridad sexual”.
También indicó: “La cadena perpetua no debe solo ser entendida como un mecanismo de sanción en contra de quien atenta contra la niñez; debe entenderse desde un enfoque de política de protección que evite que quien sea hallado responsable de estas conductas no tenga nunca más la libertad de atentar en contra de un niño”.
Finalmente, expresó que “aunque Colombia ha endurecido las penas para algunos delitos, la reincidencia y la gravedad de los crímenes contra menores obligan a abrir un debate nacional sobre sanciones ejemplares para quienes destruyen la vida de los niños”.