Angie Rodríguez, actual gerente del Fondo Adaptación y exdirectora del Dapre, aseguró en entrevista con Yesid Lancheros, director de SEMANA, que en la Casa de Nariño opera una presunta red criminal integrada por funcionarios y personas cercanas al presidente Gustavo Petro, que, además, estaría influyendo en sus decisiones.
Las explosivas revelaciones, conocidas a pocas semanas de la primera vuelta presidencial, tienen al mandatario contra las cuerdas. Lo dicho por Rodríguez muestra un Gobierno secuestrado por figuras opacas que se disputarían “el poder y el dinero” y que buscan “exprimir” la Presidencia al ver que la continuidad del proyecto político no está asegurada, según lo dicho textualmente por Rodríguez.
Los protagonistas son Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo; José Raúl Moreno, jefe de despacho de la Presidencia, y la joven activista Juliana Guerrero, a quien Rodríguez responsabiliza de lo que pueda pasar con su vida.
SEMANA conoció que el presidente Gustavo Petro mandó a llamar a la exdirectora del Dapre y la citó a la Casa de Nariño, rompiendo un silencio prolongado entre ambos. Volverán a verse cara a cara tras el quiebre de una relación cercana, marcado por señalamientos del mandatario que vincularon a Rodríguez con supuestas conductas delictivas.
De acuerdo con la funcionaria, al salir del Dapre, a oídos del presidente llegó que tenía “alianzas con paramilitares, que era la reina del fentanilo y que era una contrabandista, que manejaba el puerto de Buenaventura”, lo cual provocó la distancia entre ambos.
La exdirectora del Dapre sostuvo que la fractura con el presidente venía de atrás. Según dijo en la entrevista con SEMANA, ella misma le había advertido a Petro sobre presuntas irregularidades alrededor de Juliana Guerrero, incluso antes de que estallara públicamente el escándalo por sus títulos. Al encontrar en la activista una de sus “peores enemigas”, esa tensión interna se agravó hasta romper un vínculo que había sido elogiado por la eficiencia de Rodríguez en su cargo.
Antes de que Petro viajara a Venezuela a la reunión con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la gerente del Fondo Adaptación recibió llamadas del presidente con el fin de hablar sobre sus revelaciones personalmente.
El jueves fue imposible agendar el encuentro, dado que la exdirectora del Dapre estuvo gran parte del día en el Gaula de Bogotá, asistiendo a la ampliación de la denuncia por amenazas y extorsión, que se extendió hasta las 10:30 de la noche.
Allí entregó nuevas pruebas sobre las relaciones entre los presuntos implicados en la extorsión de la que fue víctima. Entre otras cosas, mostró material probatorio adicional y acordó entregar su celular para que se haga peritaje y extracción de las conversaciones con los teléfonos que exigieron plata a cambio de información.
Finalmente, por el viaje del mandatario a Caracas, la reunión se concertó para este lunes 27 de abril. Falta confirmar la hora, pero este medio conoció que es el compromiso prioritario en la agenda de Petro para ese día.
SEMANA pudo establecer que Rodríguez, junto con su equipo de asesores y abogados, prepara un paquete de pruebas para demostrar los presuntos engaños que provocaron que Petro desconfiara de su entonces directora del Dapre.
Pero, de parte de la aún funcionaria del Gobierno, se solicitó el acompañamiento de una persona neutral en la reunión con el fin de brindar garantías a ambas partes. Esta persona funcionará como testigo imparcial, pero aún no ha sido designada. Por el momento, Rodríguez propuso a uno de sus abogados como posible opción.
Será la primera vez que el presidente y Rodríguez se ven desde el consejo de ministros del 9 de febrero en Córdoba, que se llevó a cabo por la emergencia invernal en la región. De acuerdo con la gerente del Fondo Adaptación, en una reunión previa, en el aeropuerto de Catam, la acusó públicamente de tener alianzas con paramilitares.
“El presidente, públicamente, me dice delante de varios ministros que él no permitía las alianzas con los paramilitares, que él no permitía que funcionarios de su Gobierno estuvieran con Roy Barreras y Macaco haciendo política. (...) Me señaló con un dedo delante de los ministros”, manifestó Rodríguez en SEMANA.
Mientras tanto, a excepción del presidente, ninguno de los salpicados en sus declaraciones ha intentado ponerse en contacto. Sin embargo, desde la Casa de Nariño, sí ha recibido llamados de Armando Benedetti, ministro del Interior, con quien conversó brevemente sobre la situación.
Por otro lado, la Fiscalía y los entes de control comienzan a moverse con celeridad ante las acciones interpuestas en medio del escándalo. El mismo lunes de la reunión con Petro, a las 8:30 de la mañana, la gerente del Fondo Adaptación fue citada a una conciliación junto con Carlos Carrillo en el marco de la denuncia por injuria.
Igualmente, prepara una denuncia por el uso indebido de su firma, luego de que saliera a la luz un documento, con fecha de marzo de 2025, en el que, supuestamente, Rodríguez solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que se incluyera a Juliana Guerrero en el programa de prevención y protección.
La exdirectora del Dapre aseguró en SEMANA que se trata de una firma falsa, utilizada ya en varias ocasiones dentro de la Presidencia por una exasesora y por la cual existe una denuncia en Control Interno Disciplinario.
De esta forma, Rodríguez busca blindarse frente a nuevos usos de su firma sin su conocimiento. Además, acudirá a una notaría para dejar constancia de que su firma digital no tiene efectos jurídicos.
Esto formaría parte del presunto concierto para delinquir en el interior de la Presidencia de la República, que habría terminado con su salida del Dapre a causa de rumores difundidos por Guerrero, Carrillo y Moreno.
Debido a la campaña de desprestigio en redes sociales en su contra, en la que la relacionan sentimentalmente con el congresista Jorge Tovar y la señalan de supuestos nexos con paramilitares, Rodríguez no descarta acudir a organismos internacionales para denunciar las amenazas y advertir sobre el riesgo que corre su vida.
La funcionaria tomó el despliegue mediático de las bodegas petristas, con el numeral #LaNoviaDeJorge40, como revictimización, por lo cual se encuentra documentando los hechos para un posible reporte ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La reacción se explica por las repercusiones de las declaraciones de Rodríguez en SEMANA, que ponen el liderazgo de Petro en entredicho y desentrañan cuán arbitraria podría llegar a ser la toma de decisiones en el Gobierno nacional.
El impacto que ha tenido tanto en el presidente como en todo el Gobierno nacional se evidencia a través de la nueva estrategia de comunicaciones que se desplegó. A través de un memorando interno, firmado por el mismo mandatario, se pidió de forma “expresa y urgente” desplegar una promoción de logros de cada una de las entidades mediante comerciales y spots publicitarios.
“A más tardar la próxima semana, toda entidad debe estar pautando en canales públicos, privados y redes sociales sus logros fundamentales, de manera tal que los colombianos puedan estar informados de las acciones y avances del Gobierno nacional”, se lee en el mensaje.
Ad portas de la elección presidencial, y con un candidato del petrismo que cada vez pone más condiciones para aceptar un debate, el Gobierno recibe un golpe certero en un punto sensible. También se intensifican las preguntas sobre el círculo más cercano de Petro y la manera como se toman decisiones en la Casa de Nariño.