El grupo de los exjefes de las Farc está casi desaparecido ante la mirada del país, varios golpes ocurridos recientemente amenazan con arrinconarlo, extinguirlo políticamente y hacerlo desaparecer del escenario público.
El Consejo Nacional Electoral le dio una última estocada a Comunes, el partido político que nació tras la firma de los Acuerdos de Paz con el gobierno Santos. A juicio del tribunal electoral, la colectividad no cumplió con las condiciones de representatividad exigidas por la Constitución para conservar su reconocimiento como partido político. En otras palabras, no alcanzaron el umbral en las elecciones parlamentarias de 2026 porque, ni siquiera haciendo alianza con Fuerza Ciudadana, el movimiento del exgobernador Carlos Caicedo, consiguieron un escaño.
Comunes llevó a los exFarc a tener cierta representación nacional. Les dio oxígeno porque tras dejar las armas, el país vio a los excomandantes guerrilleros legislar, tener vitrina mediática, y jugar un papel político en la historia reciente del país. También los llevó a estallarse internamente.
Como no estaban preparados para hacer política tras su paso por la selva, se dividieron y muchos de ellos terminaron enfrentados.
Sin colectividad, el escenario no brilla para los excombatientes.
Los exFarc no tendrán mayor protagonismo. No se volverán a ver en el Congreso. Y lo más posible es que tampoco tengan exposición mediática.
Más allá de eso, lo que más les inquieta es que perdieron de sus manos la plataforma para defender sus ideales y, de paso, millonarios recursos económicos que recibían sus directivas por parte del Estado y que les permitía contratar personal, hacer viajes al exterior, entre otros beneficios.
Las Farc no son una organización armada, pese a que algunos sectores políticos insisten en relacionarlos con las disidencias. Tampoco un partido político. Y, tal y como están las cosas, personas como Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, y Sandra Ramírez, la exesposa de Manuel Marulanda Vélez, tendrán, de una vez por todas, y tras dejar las armas, que rebuscarse la vida económicamente, como ocurre con la mayoría de colombianos.
¿Qué se pondrá a hacer el exsenador Julián Gallo o Carlos Antonio Lozada? ¿El país en qué verá a Joaquín Gómez o Pablo Catatumbo? La respuesta es incierta.
Como si fuera poco, los exFarc se suman al desprestigio de la Justicia Especial para la Paz (JEP).
Las penas restaurativas a los excomandantes por delitos de lesa humanidad, como el secuestro, han llevado al país a mirar con recelo ese tribunal de justicia transicional y a cuestionar los millonarios recursos económicos que amasan desde su creación hace nueve años y que le ha permitido contratar personal, adelantar viajes internacionales y otros ‘excesos’ que los organismos de control empezaron a fiscalizar.
La JEP se quedó sin 170.000 millones de pesos de su presupuesto en los primeros meses de Abelardo De La Espriella como presidente y tras una solicitud del senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez. Y tal y como están las cosas, su fin estaría cerca. Al fin y al cabo, el propio expresidente Juan Manuel Santos les pidió celeridad en los resultados.
Sin partido y sin la JEP, los exFarc pasarán aceite.